Otros 116 agresores sexuales salieron antes de prisión, como el reincidente de Dos Hermanas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como juristas, incluidas algunas pertenecientes a asociaciones feministas, advirtieron de que la desaparición del delito de abuso sexual para convertir todo acto sexual no consentido en agresión sexual -el principal cambio que introdujo la norma- acarrearía irremediablemente rebajas de penas para evitar un problema de proporcionalidad.

A pesar de dichos avisos, la norma entró en vigor y sus efectos en beneficio de los agresores, que el Gobierno calificó de «inesperados», fueron inmediatos. El Ejecutivo de coalición tardó seis meses en reaccionar. La ministra de Igualdad achacó la aplicación de la ley a una mala interpretación por parte de los jueces y, aunque la Fiscalía difundió unas directrices para tratar de que hubiera las menores reducciones posibles, el principio de la aplicación de la norma más beneficiosa para el reo recogida en el artículo 2.2 del Código Penal fue inevitable. Los tribunales fueron admitiendo recursos de condenados en un goteo diario que acabó siendo insoportable para el equipo de Pedro Sánchez.

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Martín Laínez

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Finalmente fue el PSOE quien llevó a cabo una reforma de la norma con la oposición de sus socios. La ministra de Justicia, Pilar Llop, asumió la explicación de la vuelta a las horquillas penológicas anteriores. Irene Montero se empeñó en defender que su ley ponía «el consentimiento de la mujer en el centro», aunque los tribunales nunca habían dejado de tenerlo en cuenta a la hora de juzgar los delitos sexuales. Pero, en puridad, supuso realmente fue una rebaja de las penas puesto que, por poner dos ejemplos, mientras penaba con entre 1 y 4 años el nuevo tipo básico de agresión sexual, antes de su entrada en vigor esos hechos delictivos, calificados de abuso, se penaban con entre 1 y 5 años de cárcel.

Quienes fueron condenados con la pena más alta, en seguida pidieron que se les aplicara la rebaja que suponía la nueva ley. Lo mismo ocurría con las violaciones. El Código Penal las penaba anteriormente con entre 6 y 12 años de prisión, mientras que la 'ley del sí es sí' rebajaba la primera de ellas a cuatro años. Por lo que también hubo un aluvión de recursos para lograr dichas rebajas. El PSOE, con su 'contrarreforma' , que entró en vigor en abril de este año, recuperó las horquillas anteriores con penas más altas en los tipos donde concurra violencia o intimidación. Sin embargo, los efectos de la 'ley del sí es sí' siguen arrastrándose y continuarán durante años. Sólo las agresiones cometidas después de la entrada en vigor de dicha reforma -como será el caso del agresor sevillano con los hechos cometidos esta semana- tendrán castigos con las penas mínimas más elevadas. Quienes cometieran los hechos antes de su entrada en vigor, todavía se pueden beneficiar de la ley impulsada por Montero, como sí ocurrió con la excarcelación del agresor de Dos Hermanas, para quien antes de abril se acordó que no agotara el tiempo de condena, que habría acabado en junio.

Tras el último suceso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo pidió al Gobierno responsabilidades en Twitter: «Que la reincidencia en una agresión la protagonice una persona que ha recibido beneficios jurídicos por una ley como la del 'sólo sí es sí' merece explicaciones y asunción de responsabilidades en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, escribió.

El desgaste de la ministra de Igualdad por su ley estrella también fue interno. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, no la incluyó en las listas de la formación de izquierdas para las elecciones generales del 23 de julio ni en los actos de campaña. Votó en contra de la reforma de la ley pero este julio reconoció que «se pudo haber hecho mejor». «El sufrimiento de una hija, una madre, una hermana cuando sufre una agresión sexual es brutal y no hay manera de recomponerlo», afirmó.