La infanta Cristina, a salvo por ahora

En la misma situación que la infanta, afirman estas fuentes, estaría Carlos García Revenga, secretario de las infantas, y que hasta junio de 2006 fue tesorero del Instituto Nóos, matriz de toda la trama empresarial, y, por tanto, al menos sobre el papel conocedor de la cuentas. En esa misma fundación sin aparente ánimo de lucro la infanta Cristina ocupó el puesto de vocal. La segunda hija de don Juan Carlos y el alto cargo de la Casa Real compartieron junta directiva con los tres imputados más destacados de la operación babel, el propio Urdangarin, Torres y el cuñado de este último y supuesto cerebro financiero del entramado, Miguel Tejeiro.

La infanta ocupó ese puesto directivo en el instituto en los años más intensos para los negocios en Baleares y Valencia, 2004, 2005 y 2006. Solo abandonó la supuesta ONG en el verano de este último año, cuando el Rey obligó a su yerno, a su hija y a Revenga a romper amarras con Nóos cuando comenzaron a aparecer las primeras denuncias parlamentarias por los millonarios negocios en Palma de Mallorca. Los investigadores aseguran que no han encontrado evidencias de que, a pesar de su puesto de directiva de Nóos, ejerciera tareas de administración o tuviera control sobre las cuentas de la fundación en ese período.

La situación de Cristina de Borbón es algo más delicada en Aizoon, la inmobiliaria de la que es socia al 50% con su marido, además de secretaria de su junta. Esta empresa participó supuestamente en el cruce de facturas falsas para intentar ocultar los 'pelotazos' en Valencia y Palma. Aizoon además adquirió dos edificios en Palma de Mallorca y otro en Terrassa con fondos procedentes presuntamente de convenios firmados por Nóos.

En los años de oro de la trama, Aizoon, a la sombra de Nóos, llegó a facturar más de un millón y medio de euros, siempre con Cristina de Borbón como copropietaria.

La inmobiliaria del matrimonio Urdangarin-Borbón, que se encuentra en el epicentro de la investigación y que actualmente está administrada por un apoderado del duque investigado por dirigir también la empresa usada para la evasión de capitales, tuvo su sede social en el palacete de Pedralbes, propiedad de los duques de Palma y valorado en más de seis millones de euros. Se da la circunstancia que, según la investigación, Iñaki Urdangarin reformó parte de esa mansión con dinero público desviado a Aizoon. La Policía apunta que el yerno del Rey invirtió al menos 80.000 euros procedentes de los gobiernos de Valencia y Baleares en los cerramietos, aluminios, cristales, puertas y suelos de aquella vivienda que comparte con la infanta.

Por ahora, explican fuentes de la investigación, Anticorrupción ni siquiera baraja la posibilidad de pedir el interrogatorio de la infanta como testigo. Una comparecencia que Cristina podría resolver por escrito, pues así se lo permitiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Varios juristas han recordado en las últimas semanas que en otros casos de corrupción recientes, como pudiera ser 'Gürtel', el Ministerio Público pidió -y consiguió- la imputación de un altísimo número de personas, muchas de ellas con escasísimo peso en las empresas satélites del entramado.