Cataluña aprueba el copago sanitario

La cámara catalana dio luz verde hace un mes a los presupuestos, gracias a la sintonía entre CiU y el PP, pero no pudo sacar adelante la llamada ley de Acompañamiento, en la que estaban incluidas las tasas, porque Iniciativa per Catalunya y Ciutadans exigieron el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias para que se tramitara. Una vez que este organismo dio vía libre, la Ley de Acompañamiento se sometió a votación en el Parlamento y, como ocurrió con los Presupuestos, la abstención del PP permitió este miércoles su aprobación.

Entre otras, la norma contempla la creación de un nuevo impuesto, el de pernoctaciones turísticas, que comenzará a aplicarse el 1 de noviembre, después de que las negociaciones entre el Govern y el sector turístico retrasara su puesta en marcha ya que los hoteleros temían que el gravamen afectará al número de visitantes que llegan a Cataluña. Así, en breve, Cataluña cobrará entre uno y tres euros por noche a cada visitante que se aloje en sus hoteles, en función de la categoría del establecimiento.

Además, a partir del 1 de junio, cada usuario de la sanidad deberá pagar un euro de más por cada receta que le dispense el médico de la sanidad pública. La medida, de la que quedan eximidos los enfermos crónicos con menos recursos y los beneficiarios de una pensión no contributiva, abre por primera vez el debate del copago. Desde el Gobierno catalán siempre han afirmado que el modelo de servicio público de salud, tal y como hoy está concebido, es insostenible. Por ello, ya llevan tiempo introduciendo el debate sobre la conveniencia de pagar por algunos conceptos.

Con el euro farmacéutico, la Generalitat pretende moderar el consumo de medicamentos y evitar abusos en la compra de fármacos. Lo que de momento está descartado es que la sanidad pública catalana vaya a cobrar por ir a un hospital, a un ambulatorio o a un especialista.

La ley de Acompañamiento incluye también el incremento del canon por captación de agua, un 3% para el consumo básico y un 12 para el excesivo, un recorte del 15% en la jornada laboral de los empleados interinos, así como que se implante una tasa para acceder a la justicia.

La segunda oleada de recortes de la Generalitat contempla asimismo la venta de activos públicos por valor de mil millones de euros, reducción del gasto del 3,8% en el conjunto de las consejerías y una rebaja de un 5% de los sueldos de los 200.000 funcionarios y empleados públicos de la Generalitat.