El PSC abre la puerta a las consultas populares en Cataluña

La norma, que podría aprobarse antes del verano, perderá la aparente unanimidad con la que contó este miércoles cuando los grupos empiecen a presentar las enmiendas parciales. Sobre todo el PP, el PSC y Ciutadans que temen que el texto, que CiU podría sacar adelante con ERC, pretenda legitimar votaciones sobre la independencia. La ley será diferente a la que impulsó el tripartito, que incluía la palabra referéndum. En este caso, las consultas no tendrán carácter vinculante, su valor será más bien simbólico, y se celebrarán sobre la base del padrón municipal y no del censo electoral. Además, no requerirán de autorización del Gobierno central y podrán convocarlas el president de la Generalitat, los ayuntamientos y los ciudadanos, si recogen un mínimo de 50.000 firmas.

Esta herramienta forma parte de la estrategia de Artur Mas de ir avanzando durante la presente legislatura en la transición nacional hacia el derecho a decidir. La Generalitat aún no ha confirmado que vaya a convocar a los catalanes para que expresen su opinión sobre el pacto fiscal, pero es una amenaza que de vez en cuando lanza al Gobierno central, al que no ve muy dispuesto a sentarse a negociar un nuevo sistema de financiación para Cataluña, que la equipararía con el País Vasco y Navarra.

Mientras, el Govern catalán abogó este miércoles por trabajar para modificar la ley de banderas que obliga a los ayuntamientos a que la enseña española ondee en la fachada de los consistorios. «Si la ley no es del gusto se debe trabajar para cambiarla, no incumplirla», dijo la vicepresidenta Joana Ortega en el Parlament ante una pregunta de Solidaritat per la Independencia que instó a la Generalitat a no agachar la cabeza y a estar junto a los ayuntamientos que se niegan a izar la española. El Govern se mostró partidario de evitar una guerra de banderas, que «no nos llevaría a ningún lado». Tras el caso de Sant Pol, que hace quince días recuperó la enseña española por requerimiento judicial después de una década de ausencia, la Delegación del Gobierno en Cataluña anunció que denunciará en los juzgados, a través de la Abogacía del Estado, a los ayuntamientos catalanes que no tengan la bandera española en los edificios consistoriales.