El PSOE trata de aplacar la reacción unánime de las asociaciones judiciales reinterpretando su acuerdo con Junts
Los socialistas matizan su propio texto apenas horas después de firmarlo
Todas las asociaciones de jueces ven inaceptable el acuerdo PSOE-Junts: «Quiebra la separación de poderes»
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en un hotel de Bruselas para presentar el acuerdo con Junts
Apenas siete horas después de firmarlo, el PSOE ya ha hecho su primera autoenmienda o rectificación del pacto suscrito este jueves en Bruselas con Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez.
Los socialistas tratan de aplacar la reacción unánime, en un ... comunicado conjunto, de las asociaciones judiciales en contra del texto, por considerar inaceptables las referencias del mismo al 'lawfare', la supuesta instrumentalización de la Justicia con fines políticos, que serán objeto de comisiones de investigación parlamentarias, cuyas conclusiones, según la literalidad del pacto, «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Fuentes de la dirección socialista precisan que «el acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de 'lawfare'», pese a que el anglicismo se incluye expresamente en el acuerdo, y no entre comillas. Aseguran que la alusión a las conclusiones de esas investigaciones parlamentarias apuntan a las que se pactaron el pasado agosto con Junts, y también con ERC, dentro del acuerdo que hizo a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados.
Estas comisiones son, precisan, por un lado la que ya se abrió en su día sobre la llamada «Operación Cataluña», de supuesta guerra sucia desde el Estado contra el independentismo, y una nueva comisión sobre el caso Pegasus, de escuchas a dirigentes del independentismo, un asunto que en 2022 provocó el cese de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Los socialistas aseguran que «el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado, ni se podría haber pactado», concluyen.
No obstante, tanto lo que se explica en el acuerdo, como las propias palabras de Carles Puigdemont, indican lo contrario. En su intervención, sin preguntas, este mediodía en Bruselas, el expresidente fugado ha subrayado que «las comisiones de investigación de la Operación Cataluña y del CatalanGate (Pegasus) aportarán pruebas y testigos que conduzcan a la erradicación de los elementos podridos que hayan participado en la guerra sucia contra el independentismo». El expresidente de la Generalitat, subrayando lo que el propio acuerdo suscrito expone, contradice la reinterpretación del mismo pacto que hace el PSOE.