El PSOE defendió en 2013 que un «Rodea el Congreso» ilegal llegara a la Cámara Baja

Ese saldo era ya conocido el martes 17 de diciembre cuando Sicilia decidió criticar al Gobierno de Rajoy por no permitir que esa manifestación no comunicada discurriera ante las puertas del Congreso. «Una vez más y sin que haya ninguna norma que lo prohíba se impidió a los concentrados acceder hasta la inmediaciones del Congreso, limitando su espacio a la Plaza de Neptuno y se estableció un desmesurado dispositivo policial», cargó Sicilia junto al entonces diputado socialista Antonio Trevín en una batería de preguntas escritas, que fueron publicadas por el Boletín Oficial de las Cortes el 5 de febrero de 2014. Sicilia era en aquel momento el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior y Trevín el portavoz. «Como en alguna ocasión anterior, se produjeron cargas y finalizó con manifestantes y policías heridos de diversa consideración en lugar distinto a donde se realizaba la concentración», proseguía el escrito de los socialistas, en alusión a las convocatorias de «Rodea el Congreso» que venían organizándose desde el 25 de septiembre.

A continuación, Sicilia y Trevín se preguntaban, entre otras cuestiones, «¿por qué el Gobierno impide concentraciones delante del Congreso de los Diputados, cuando no está reunido, sin que exista ninguna norma que lo prohíba?» o «¿cuáles son las razones por las que el Gobierno quiere prohibir, so pena de graves sanciones, las concentraciones frente a la sede de la soberanía nacional donde están representados los ciudadanos españoles?».

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La respuesta del Ejecutivo popular no se hizo esperar. «Con respecto al acto de manifestación por el que se interesan Sus Señorías, celebrado el 14 de diciembre de 2013, se informa que no fue comunicado a la Delegación del Gobierno», respondía la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes el 14 de febrero de 2014. El Gobierno de Rajoy recordaba así a Sicilia y Trevín por qué la manifestación que defendían se encontraba al margen de la ley. «La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente», señalaba la respuesta, citando textualmente el artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión. Además, el Ejecutivo popular justificaba la imposición de multas ante estas conductas recordando que el artículo 23 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana declara infracción grave, sancionada con hasta 30.000 euros, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones «incumpliendo» el deber de comunicación de las mismas.

En esta línea, el Gobierno también recordaba al hoy presidente de la Comisión de Justicia que esas infracciones pueden considerarse muy graves, sancionadas con hasta 600.000 euros, según «la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieran alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas».

A partir de aquí, el equipo popular señalaba que la manifestación no comunicada «reunió inicialmente a unas 2.000 personas, cifra que aumentaría posteriormente». Los manifestantes estaban citados en la plaza de Neptuno con la idea de llegar después hasta el Congreso y rodearlo. «Sobre las 20:15 horas los concentrados iniciaron una marcha por las calles de la capital. Entre ellos se encontraban grupos de personas que, ocultando sus rostros, lanzaban petardos y cortaban el tráfico a su paso por el Paseo del Prado, plaza de Cibeles, calle Alcalá, provocando el colapso de la circulación en las calles afectadas y adyacentes», relata la respuesta gubernamental.

La reconstrucción de los hechos prosigue rememorando que cuando la cabecera de la manifestación llegó a la Puerta del Sol «en la que había gran afluencia de transeúntes ajenos a aquella, varios jóvenes comenzaron a pegar patadas a una de las vallas metálicas que limitaba las obras de uno de los edificios de la citada plaza». En este punto, los populares defendieron que la Policía trató de «hablar con los convocantes del acto, a fin de acordar un itinerario alternativo que no afectase ni a las personas ni al tráfico rodado». Pero que este acercamiento fue aprovechado por un grupo de manifestantes para abalanzarse sobre los agentes «agrediéndoles mediante golpes y el lanzamiento de objetos».

«Posteriormente, los concentrados continuaron su marcha por la calle Carretas, donde ocasionaron daños a dos vehículos del SAMUR», señala la respuesta. En ese punto, los manifestantes se dirigieron hacia la calle Atocha encontrando un vehículo de Policía Municipal, con dos agentes en su interior. «Inmediatamente, un grupo muy violento comenzó a golpear el automóvil, impidiendo que los dos policías pudieran abandonar el mismo, debiendo solicitar la presencia urgente de Unidades de Intervención Policial (UIP)», prosigue el relato popular. «Cuando los efectivos de la UIP llegaron al lugar del ataque, fueron recibidos con todo tipo de lanzamiento de botellas de vidrio, piedras y otros objetos, resultando heridos de diversa consideración 12 de sus miembros. Durante tales hechos, los manifestantes construyeron una barricada».

El objeto de esa manifestación no comunicada era rodear el Congreso para protestar contra la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Un texto que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta reformar ahora, en una complicada negociación con sus socios parlamentarios. Rebajar las multas a no comunicar las manifestaciones en la vía pública es uno de los puntos que los socialistas han pactado con sus socios parlamentarios y que facilitará la organización de actos en el futuro sin el conocimiento de las delegaciones del Gobierno.