El PSOE enmienda la ley del aborto para evitar las medidas de Vox

La iniciativa, anunciada en una rueda de prensa en la Cámara Alta por la portavoz socialista en la misma, Eva Granados, y por la responsable de Igualdad de la formación, Andrea Fernández, diputada por León, pretende blindar la norma ante la eventualidad de medidas como las que pretendía instaurar el partido de Santiago Abascal. Si bien los socialistas y los dirigentes gubernamentales reiteraron hasta la saciedad que todas eran contrarias a la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque ahora parecen decididos a no dejar ningún resquicio, aun a riesgo de que si las enmiendas prosperan la norma tenga que volver al Congreso. Normalmente, el Gobierno y/o los grupos proponentes, lejos de alargar en el tiempo la tramitación de una determinada ley -mucho más una de envergadura como esta- suelen tratar de tenerla lista en el menor tiempo posible, más aún al final de una legislatura, como sucede ahora. «La ley ya prohibía este tipo de prácticas», admitió Fernández.

Aunque ya el viernes el Ejecutivo central dio por buenas las explicaciones remitidas y explicadas por la Junta de Castilla y León, los socialistas ya advirtieron, como dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que estarían «vigilantes». En concreto, la transacción de su grupo en el Senado dicta que las administraciones públicas «garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de la ley de la reforma del aborto y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente». También, que las «intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica». Algo que lo que para los socialistas carece la iniciativa de Vox.

La tramitación de esta enmienda tendrá la particularidad de que, llegado el caso, se someterá al voto de Alberto Núñez Feijóo, nombrado senador por Galicia el año pasado, tras su llegada a la presidencia del Partido Popular. La propia Eva Fernández señaló en la rueda de prensa de ayer que será una «oportunidad» para el líder de la oposición de «demostrar en primera persona su posición real» y, al mismo tiempo, «desmarcarse de su socio». La portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, se expresó en el mismo sentido, ironizando sobre lo «poco» que acude, afirmó, Feijóo a los plenos del Senado.

Fernández enfatizó durante su intervención que «es difícil olvidar esa rueda de prensa en la que Gallardo y el consejero de Sanidad donde nos anunciaban a las castellanas y a las leonesas que tendríamos que superan una auténtica jincana de pruebas si queríamos ejercer un derecho que está perfectamente reconocido y pautado en una ley orgánica, como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».

Para la secretaria de Igualdad, la voluntad de Vox es «institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo en las puertas de las clínicas», una actitud que calificó de «perversa» e «inadmisible».