Vox rebaja su aviso a Mañueco, pero critica el «giro a la izquierda» de Génova con el aborto

«Nosotros vamos a exigir que se cumpla este acuerdo, como vamos a exigir que se cumplan muchos otros que en las próximas semanas, en los próximos meses, pondremos sobre la mesa. Evidentemente, llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos, a los que se llegó antes de la investidura, y si no se cumplen, pues evidentemente tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno», ha dicho Garriga, el número dos de Vox, en La2.

Las declaraciones de Garriga en la televisión pública, a primera hora de la mañana, se han interpretado como una amenaza al PP. O hay protocolo, como anunció el jueves el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), junto al portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), o los derechistas rompen su coalición con los populares.

No obstante, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha matizado después el aviso a Fernández Mañueco: «Revisar el pacto y romper el Gobierno son cosas distintas». El diputado tenía programada una rueda de prensa a las once de la mañana, pero se ha retrasado primero a mediodía y, después, a la una de la tarde. Síntoma claro de la importancia del mensaje que quería lanzar Vox, con una advertencia al PP que no amenace su presencia en el único Ejecutivo autonómico en el que tiene presencia, pero que tampoco desautorizase a Garriga.

En Vox, de hecho, creen que Garriga en ningún momento ha amenazado con volar por los aires el Gobierno regional. Espinosa de los Monteros incluso se ha remitido a sus palabras en La2 esta mañana, en la primera pregunta que le han dirigido sobre la polémica que colea desde el jueves. «Revisamos el pacto en todo momento», ha expresado el parlamentario, tratando de restar importancia a la declaración del líder de Vox en Cataluña. «No quiere decir que romperemos el Gobierno, sino que revisaremos el cumplimiento de los acuerdos», ha insistido Espinosa de los Monteros.

El portavoz de Vox en la Cámara Baja ha reconstruido los hechos este martes y ha recordado que, tras la reunión del jueves entre los consejeros castellano y leoneses de PP y Vox, el «acuerdo» se plasmó en una nota de prensa y se hizo público en una comparecencia conjunta entre García-Gallardo y Fernández Carriedo. «La segunda medida se centrará en la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre», reza el texto colgado en la página web de la Junta de Castilla y León, sin entrar en mayor detalle.

Sin embargo, el vicepresidente de Castilla y León, sin que el portavoz del Gobierno autonómico lo desautorizase en ningún momento, dijo que en ese protocolo se establecería la obligatoriedad de que los médicos pregunten a todas las mujeres gestantes si su embarazo es deseado y, contesten lo que contesten, si desean realizarse una ecografía en 4D y escuchar los latidos del feto. Esto se entendió desde la izquierda, pero después también desde el PP, como una manera de «coaccionar» a las mujeres decididas a interrumpir voluntariamente su embarazo.

«El viernes el Grupo Prisa, 'El País' y la Ser, mostró su rechazo y el giro a la izquierda del PP hizo saltar las alarmas en Génova. Borja Sémper [el nuevo portavoz de campaña de los populares] contradijo al PP de Castilla y León», ha aseverado Espinosa de los Monteros, quien ha rechazado que Fernández Mañueco —que el sábado dijo que no se iba a cambiar ningún protocolo actual— haya desautorizado a García-Gallardo. «Lamento que Sémper haya corregido a Mañueco», ha añadido el diputado de Vox.

El portavoz parlamentario no ha aclarado qué consecuencias tendrá esa «revisión» del pacto de gobierno con el PP si se descarta romper el Ejecutivo autonómico, pero ha dejado en manos de García-Gallardo la negociación. Tanto Garriga como Espinosa de los Monteros han exhibido su confianza en que, en unos días, se publique el protocolo anunciado el jueves. En paralelo, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ya ha dicho que recurrirá al Tribunal Constitucional, aunque no haya aprobado nada por escrito sobre esta controversia.