El Gobierno aprueba un requerimiento de incompetencia contra las medidas de la Junta de Castilla y León

Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.

Esta fórmula fue utilizada por el Gobierno en algunas ocasiones, por ejemplo en el año 2019, contra la Generalitat de Cataluña, por sus planes de acción exterior. Se pone en marcha al entender el Gobierno que un Ejecutivo autonómico está excediendo su ámbito competencial.

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La portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez, ya planteó en la tarde de ayer, tras la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, que el Gobierno está esperando una respuesta formal por parte de la Junta de Castilla y León al requerimiento que envió el domingo a la Consejería de Sanidad como paso previo a emprender acciones judiciales. «Este requerimiento es un paso previo a acciones judiciales en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa», aseguró.

Ahora se inicia una nueva vía, complementaria a este primer requerimiento. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que el nuevo requerimiento abre una vía ante el Tribunal Constitucional para «frenar cualquier retroceso en los derechos y libertades de las mujeres».

Se trata de una vía adicional al margen de la ya anunciada en la vía jurisdiccional que se comunicó con el primer requerimiento enviado el pasado domingo. «Desde el Gobierno estamos trabajando todas las opciones posibles» y trabajando en «distintas líneas de actuación».

Bolaños ha advertido que si en el plazo de un mes no se recibe «cumplida respuesta y satisfactoria» procederá a iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional.

El requerimiento a la Junta de Castilla y León ha sido el principal asunto del que ha dado cuenta este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y también por el que más han preguntado los informadores. Rodríguez, utilizando en todo momento un tono severo, ha asegurado que “el Gobierno mantiene que lo conocido hasta ahora contraviene las leyes y la Constitución española. Han confirmado, las autoridades de Castilla y León que habrá medidas que hoy seguimos sin conocer a pesar de los requerimientos formales por parte del Gobierno”, informa Mariano Alonso.

Para la también titular de Política Territorial, cuya cartera precisamente está coordinando este segundo requerimiento, “las explicaciones que hasta ahora ha aportado la Junta de Castilla y León son contradictorias e insuficientes. La duda sobre la aplicación de estas medidas persiste aún hoy. No cabe instruir a los médicos para que ofrezcan recomendaciones ni cabe tampoco ofrecer o sugerir a las mujeres ese tipo de iniciativas”.

Rodríguez ha enfatizado igualmente que “la competencia de las comunidades autónomas en el desarrollo de la legislación básica en el ámbito sanitario no puede contravenir, en ningún caso, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del año 2010”.

En el turno de preguntas, la portavoz del Ejecutivo ha calificado de “elocuente” el hecho de que “el presidente de Castilla y León dice una cosa y el vicepresidente otra” y ha precisado que “sí es posible” emprender una acción de este tipo sin que exista un hecho administrativo concreto. Y lo ha explicado así: “Cuando se emiten comunicados, como ha sido el caso, que pueden afectar a derechos fundamentales y a la competencia de cada una de las administraciones, el Gobierno está obligado a actuar”.

La dirección nacional del Partido Popular ha denunciado que el Consejo de Ministros promueva un requerimiento a la Junta de Castilla y León que considera que es «innecesario y hasta cierto punto absurdo» y ha emplazado al Gobierno a poner en marcha un gabinete de coordinación para «frenar» los efectos de la ley del 'solo sí es sí.

Así lo trasladó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en Telecinco después de que el Gobierno confirmase a primera hora que enviará un nuevo requerimiento a la Junta de Castilla y León para que paralice todas las acciones sobre un posible cambio en el protocolo para las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo, al que tiene un plazo de un mes para contestar antes de que el Ejecutivo acuda ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el coordinador del programa electoral del Partido Popular, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el protocolo sobre el aborto en Castilla y León «no existe» y que se trata de un «debate absurdo» del PSOE para desviar el foco.

«Si no hay caso, si no existe protocolo, a santo de qué el Gobierno de España no tiene otra cosa más importante que hacer que mandar un requerimiento a una administración por si acaso hace algo, cuando su presidente ha dicho con contundencia que ese algo no existe», ha argumentado el De la Serna, quien prefirió no dar su opinión sobre el aborto y se ciñó a lo que defiende su partido.