El PP denuncia hasta 32 «leyes fantasma» del Gobierno en su plan anual normativo

Todo ello pese a que la debilidad del Ejecutivo ha obligado a eliminar uno de cada cinco días de pleno en la Cámara Baja (de las 42 sesiones previstas, sólo se celebraron 35). Siete jueves –los días señalados para las votaciones de las propuestas del Consejo de Ministros– se quedaron sin actividad ante la falta de iniciativas del Gobierno, más enredado en solventar la corrupción que le salpica que en poner en marcha nuevas leyes para allanar la vida de los ciudadanos. No será por falta de propuestas, pues en la mesa de la socialista Francina Armengol, presidenta de la Cámara, aguardan casi una treintena de textos aprobados en el Senado a los que no se da tramitación, como la ley antiokupación o la ley del suelo.

Como consecuencia, el actual periodo de sesiones, el que abarca estos siete meses de 2025, ha servido para poner en marcha apenas seis leyes y ocho decretos. Unos datos que convierten al actual Gobierno en el que menos iniciativas legislativas ha aprobado en sus dos primeros años y, a la vez, al que más reales decretos le ha derogado el Parlamento, tal y como recordo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su balance del curso político. Su enésimo y último tropiezo del curso, recordemos, el decreto 'antiapagones en el que no sólo PP y Vox votaron en contra, también socios como Junts, Podemos y hasta el BNG.

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En cualquier caso, todas estas realidades, concuerdan, a su vez, con el poco grado de cumplimiento del plan anual normativo que el Ejecutivo se puso como meta en 2024. Motivo que llevó ya en julio a los de Feijóo en la Cámara Baja, capitaneados actualmente por la diputada Ester Muñoz, a registrar una proposición no de ley (PNL), a la que tuvo acceso ABC y con la que el Grupo Popular exigió que el Ejecutivo de Sánchez rinda cuentas y detalle «los motivos de los incumplimientos» del Gobierno en su plan de acción, avalado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros.

Según recogió entonces el PP en su iniciativa, del informe que aprobó el Gobierno en abril sobre su hoja de ruta del 2024, se desprende que sólo se han aprobado «un tercio de los proyectos de ley previstos» y «menos de la mitad de los reales decretos programados». También qu el plan anual normativo del 2025 se ve «lastrado» de inicio por los déficits heredados: de las 59 leyes previstas para su aprobación, 25 son incumplimientos del 2024 (un 42%); y de los 140 reales decretos previstos para su publicación, 52 ya figuraban en el ejercicio anterior (el 37 %). En resumen, 77 de las 199 normas (un 38%) del plan anual normativo para 2025 son recicladas, ya que, en 2024, se dejaron en el tintero 109 de las 198 propuestas.

Ahora, el PP busca añadir más elementos de presión y va más allá al denunciar que de estas 109 normas que el Ejecutivo de Sánchez no logró sacar adelante en 2024, 32 se han perdido por el camino, es decir, no fueron incorporadas al actual plan de acción. Ello ha empujado a los populares a registrar una batería de preguntas parlamentarias, a la que ha tenido acceso este diario, a través de la cual reclaman explicaciones sobre por qué hay «más de una treintena de compromisos fantasma» y cuáles son «los motivos qué justifican que hayan desaparecido las razones de interés general que justificaron su inclusión en el plan de 2024».

«El Grupo Parlamentario Popular sigue fiscalizando los incumplimientos de un Gobierno paralizado, incompetente y opaco», sentencian fuentes parlamentarias populares en conversación con ABC. Las mismas que se comprometen, una vez lleguen al Gobierno de España, a ofrecer comparecencias anuales para dar cuenta del contenido de cada plan anual normativo y explicar así, «de forma transparente», los motivos de los cambios que puedan producirse si ha lugar.

Especialmente polémica, apunta el PP, es la supresión del plan actual del Proyecto de Ley de Administración Abierta del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública del socialista Óscar López. El 1 de agosto el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa hizo pública una nueva evaluación del cumplimiento de reclamaciones emitidas en su informe de 2019 sobre 'Prevención de la corrupción y promoción de la integridad' en los gobiernos, en el que certifica que España no ha cumplido de forma satisfactoria ni una sola de las 19 recomendaciones emitidas.

Según el GRECO, nuestro país ha ligado su cumplimiento a la aprobación de un proyecto de ley de Administración Pública que tendría que abordar la transparencia de los asesores, la mejora en el derecho de acceso a la información, el refuerzo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y el refuerzo del control de las actividades de altos cargos tras el cese y de los conflictos de intereses relacionados con la actividad de sus cónyuges y familiares directos. En respuesta al Greco, el Ejecutivo de Sánchez dijo esperar que la norma estuviese aprobada en Consejo de Ministros en los primeros meses de 2025. Llegado el mes de agosto, esta aprobación no se ha producido. Es más, ha desaparecido del plan de acción anual.

En junio, el Gobierno publicó un borrador del V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029 en cuyo anexo de iniciativas aparece la mencionada ley. En el documento se prevé la aprobación de la misma para el cuarto trimestre de 2026, pero su aprobación por parte del Consejo de Ministros y remisión a las Cortes en una fecha tan tardía haría prácticamente imposible, explica el PP, poder completar su tramitación parlamentaria antes de que finalice la legislatura.

En relación a ello, los populares reclaman al Ejecutivo saber, por un lado, «por qué ha mentido el Gobierno de España al GRECO comprometiéndole en enero de 2025 la aprobación de este proyecto de ley que, dos meses después, ha excluido del Plan Anual Normativo y que, cinco meses después, retrasó hasta finales del próximo año». Y por otro, «qué interés tiene el Gobierno de España en que las medidas de prevención de la corrupción que el GRECO exige a España y que se incorporarían a dicho proyecto de ley, no puedan entrar en vigor en esta legislatura».