El Gobierno no cumple al cien por cien ninguna de las recomendaciones del Greco para evitar la corrupción

«España no ha implementado satisfactoriamente ni ha abordado de manera satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda» para prevenir la corrupción en el seno del Gobierno y las fuerzas de seguridad, concluye el informe. De ellas, dieciséis solo se han implementado «parcialmente» y tres no han sido atendidas en absoluto. «Greco lamenta la falta de acción decisiva y de resultados tangibles con respecto a las recomendaciones emitidas para las personas con altas funciones ejecutivas» –miembros del Gobierno y sus asesores–, sentencia la institución.

Este es el cuarto informe consecutivo –el tercero de seguimiento– en el que Greco vierte fuertes críticas contra la política del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción, lo que acerca a España a la zona en la que esta institución ha situado a países como Polonia o Hungría. De hecho, nuestro país se encuentra en procedimiento de incumplimiento desde 2023 por ignorar sistemáticamente las recomendaciones en esta materia y ni siquiera bajo esta presión los avances han sido significativos. La diferencia entre la evaluación anterior y la publicada hoy es que España pasa a cumplir parcialmente tres recomendaciones más, de 13 a 16, –lo que baja las incumplidas al cien por cien en esas mismas tres– pero los cumplimientos, lo más importante, siguen a cero.

El requerimiento del Greco constituye un baldón para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y pone en duda sus intenciones proclamadas reiteradamente respecto a acometer una regeneración democrática. Se considera que el informe desfavorable del Greco es una señal oficial de que un país no está cumpliendo con los estándares europeos de integridad pública y lucha contra la corrupción.

No en vano, este órgano del Consejo de Europa –institución internacional ajena a la UE– fue creado en 1999 para evaluar periódicamente las políticas anticorrupción de los países miembros, y su principal objetivo es precisamente mejorar la capacidad de los distintos gobiernos para luchar contra la corrupción.

El Greco no forma parte de la UE, pero todos los países miembros forman parte de esta organización y sus informes pueden ser tenidos en cuenta por la Comisión Europea para sus propios análisis. Este último informe critica que «si bien iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia, ya adoptado, y en particular la ley de Administración Abierta, aún pendiente de adopción, proponen mejoras, su implementación sigue pendiente». El informe también señala que se necesita «una acción más sistemática» en la aplicación del Código de Conducta y en la «implementación de una estrategia de integridad» para las «personas con altas funciones ejecutivas».

Asimismo, considera positiva la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso, vía Transparencia, a los documentos oficiales, pero al mismo tiempo expresa su preocupación por los largos plazos de respuesta y las dificultades para el acceso público a esos materiales.

En esta línea, el Greco recuerda que el Consejo para la Transparencia ha sido dotado de una mayor independencia, aunque lamenta que su plena capacidad sancionadora al Gobierno siga pendiente de aprobación. Además, denuncia que la actividad de lobby sigue sin regularse y que la publicación de las agendas de los altos cargos «sigue siendo una cuestión pendiente».

El rapapolvo continúa con la falta de limitación de las puertas giratorias y las declaraciones patrimoniales para los que el Greco reclama «un mayor esfuerzo» al Gobierno, «en particular en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados». «La Oficina de Conflictos de Intereses sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio. Además, no se han tomado medidas para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (el llamado aforamiento)». Por todo ello, el informe remacha que «la respuesta de España a las recomendaciones sigue siendo inadecuada». «El Greco insta a las autoridades españolas a intensificar sus esfuerzos para implementar plenamente las reformas propuestas y fortalecer los mecanismos anticorrupción». A la vista de todas estas faltas, el Greco da al Gobierno un plazo de un año, hasta el 30 de junio de 2026, para que le presente «un informe sobre los avances en la implementación» de las 19 recomendaciones que viene reclamando desde hace ya seis años.

Teniendo en cuenta el ambiente político impregnado por los diversos casos de corrupción que salpican a miembros del Gobierno, del PSOE o del entorno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha retrasado la publicación de este informe desde el 6 de junio, cuando fue aprobado por el pleno del Greco, ya que según las reglas de esta institución solo puede ser publicado con el acuerdo del país evaluado. El Gobierno ha escogido el día de hoy, cuando un gran número de españoles están centrados en salir de vacaciones, para intentar que pase lo más desapercibido posible.

En la sesión del pasado junio pasado, cuando se aprobó el informe, la organización decidió pedir al secretario general del Consejo de Europa, el socialista suizo Alain Berset, que enviara una carta oficial al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar «medidas decididas» en el cumplimiento de las recomendaciones y exigir la publicación del informe «a la mayor brevedad».

La misiva ya fue enviada a Albares y respondida por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, prometiendo el mayor paquete de medidas anticorrupción de la historia de la democracia pero las reformas presentadas por Sánchez han dejado fuera las tres recomendaciones que España incumple al cien por cien: el control de los asesores, la regulación de los aforamientos y la revisión del régimen disciplinario de la Guardia Civil y la Policía para darle mayor «transparencia, objetividad y proporcionalidad».