Podemos exigirá al Gobierno la prórroga permanente de la moratoria antidesahucios

Ha sido su secretaria general, Ione Belarra, la encargada de anunciarlo este martes en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara Baja. Para ella es «imprescindible» que Moncloa convierta en indefinida la prórroga de la moratoria antidesahucios a fin de que el 1 de enero de 2026 no se activen «de golpe» más de 60.000. Apuesta Belarra por seguir aplicando la prórroga en los mismos supuestos que durante 2025 e incluso por ampliarlos para incluir también a las personas con alquiler de renta antigua, además de otros supuestos de inquilinos en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder a una vivienda. «Están atacando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad con un discurso mediático en el que se les llama inquiocupas. Son gente sin trabajo o de baja que no se pueden pagar un alquiler», ha denunciado.

En diciembre del año pasado, los cuatro —y, a simple vista, inofensivos— diputados de Podemos, en el Grupo Mixto, que acostumbran a convertir cada votación en el Congreso en un martirio pese a que casi siempre terminan pasando por el aro, salvaron el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como ley de eficiencia judicial, permitiendo levantar el veto de la mayoría del Partido Popular en el Senado. A cambio, el PSOE se comprometió a extender seis meses las ayudas al transporte y un año la prohibición de los desahucios a familiar vulnerables.

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Podemos pactó, además, con los socialistas incluir en ese mismo decreto la suspensión inmediata de los desahucios en precario, también conocidos como 'desahucios exprés', que se aprobaron también para casos de ocupación por allanamiento de morada y usurpación tras el error de Esquerra Republicana y Bildu, que votaron a favor de una enmienda que del PNV con la que se modificaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Un cambio legal que, pese a la promesa del PSOE, entró finalmente en vigor en abril de este año. Pero esa es otra historia.

En enero de 2025, Junts y PP provocaron junto a Vox la derogación de estas dos exigencias de Podemos —bonificación del transporte y moratoria antidesahucios— por entremezclarse con un batiburrillo más amplio de muchas otras, según alegaron. A la segunda sí fue la vencida. El Gobierno volvió a llevar al norma a la Cámara Baja un par de semanas después, ya en febrero, donde se aprobó —gracias a los neoconvergentes— una versión reducida del decreto ley ómnibus gracias al cual salieron adelante la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte público, la prohibición de los desahucios a familias vulnerables y del corte de suministros a las mismas, y las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma y por la dana en la provincia de Valencia.

A cambio de ese escudo social, el PSOE tuvo que ceder a los del 'expresident' fugado Carles Puigdemont e introducir en el decreto un aval del Estado a los propietarios que alquilen sus viviendas a jóvenes y personas con rentas bajas, además de conseguir que el Ejecutivo central permitiera tramitar una proposición no de ley de los secesionistas catalanes —a cambio de reformularla— que pedía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, someterse a una cuestión de confianza.