Plantón de los fiscales a García Ortiz por ignorarles en la reforma del estatuto que presentó Bolaños

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La APIF recuerda que ya en noviembre de 2023 concluyó que el Gobierno no debía designar a García Ortiz al no considerarlo idóneo, después de que el Tribunal Supremo le hubiera condenado por desviación de poder y anulara nombramientos propuestos por él, en concreto de Dolores Delgado como jefa de la Fiscalía togada del Supremo.

«El Gobierno, a pesar del informe desfavorable del CGPJ, efectuó el nombramiento del Sr. García Ortiz, sin motivarlo, siendo recurrido por esta asociación de fiscales». Aunque en enero de 2025 el Supremo rechazó ese recurso, la asociación sigue sin compartir su idoneidad. Recuerda la asociación que García Ortiz ostenta la titularidad de FGE y, simultáneamente, está imputado por revelación de secretos en una causa en la que la propia APIF se ha personado. «Una vez que se acuerde, por el Tribunal Supremo, la apertura de juicio oral contra el FGE y contra la Fiscal Jefe Provincial de Madrid se daría la paradoja que, conforme señala el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, el FGE deberá acordar obligatoriamente la suspensión provisional de la fiscal jefe de Madrid mientras él seguirá al frente del Ministerio Fiscal.

«Sólo con la reforma del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), incluyendo como causa de cese que el FGE tenga la condición de investigado por el Tribunal Supremo, podría salvarse esta contradicción grave», y sin embargo nada dice el texto sobre esta circunstancia.

También la AF ha reaccionado este viernes a la aprobación del anteproyecto del Estatuto Fiscal. En la línea con lo que sostuvo Dexeus en su entrevista la asociación, la asociación sostiene que el nuevo texto «pretende afianzar» el poder del fiscal general.

«Es preciso que la ciudadanía recuerde las diferentes sentencias y resoluciones anulando nombramientos dudosos realizados por el fiscal general García Ortiz en la cúpula de la Fiscalía General del Estado, que el sesgo ideológico y la adhesión personal están detrás de esos ascensos y que los ascendidos permanecerán en sus funciones hasta su jubilación como integrantes de la junta de fiscales de sala. Las consecuencias de esa política de nombramientos se encuentran en el informe de idoneidad efectuado sobre el FGE y en los resultados de las votaciones en temas que todos conocemos: ley de amnistía, dimisión del fiscal general por su imputación«, señala en el comunicado.

Añaden que el Estado de drecho «implica necesariamente» el funcionamiento de un sistema de pesos y balanzas que «eviten el ejercicio abusivo del poder».

No es este el momento de entrar en los muchos problemas técnicos que presenta el texto, pero sí lo es de alzar la voz para decir que «el anteproyecto es inaceptable, reduce los contrapesos democráticos y no es respetuoso con los fiscales«. En definitiva, para reforzar la Institución y garantizar su independencia es preciso dotarla de autonomía presupuestaria y de auténtica autonomía reglamentaria.