Cristina Dexeus: «El fiscal de a pie sigue sin estar blindado ante las presiones»

—¿Qué le parece la reforma del Estatuto Fiscal que presentó este martes Félix Bolaños?

—Aunque es cierto que nos acerca a las exigencias de las instancias europeas relativas a la separación del fiscal general del Gobierno que lo nombra, se queda muy corta respecto a las expectativas de lo que debería ser una reforma pensada o proyectada para el fiscal investigador. Respecto al funcionamiento interno de la carrera, lo que hace en realidad es potenciar aún más la figura del fiscal general del Estado sin establecer reales contrapesos a ese poder omnímodo del fiscal general. Lo digo porque al Consejo Fiscal lo deja muy de lado, imagino que con la finalidad de evitar ese abrumador resultado positivo en favor de los vocales que se presentan por la lista de Asociación de Fiscales, para que no podamos tener una presencia tan mayoritaria en el Consejo Fiscal. Y porque, por otro lado, todas las exigencias en relación a la Junta de Fiscales de Sala resultan poco eficaces como contrapeso al fiscal general porque esa junta está mayoritariamente dominada por fiscales nombrados por Dolores Delgado y por Álvaro García y forman parte de la Unión Progresista de Fiscales o son afines a ellos.

—¿Qué echa de menos la Asociación de Fiscales en ese texto?

—Se tenía que haber aprovechado la ocasión para realizar una reforma, una remodelación interna de la organización y el funcionamiento de la institución, dar verdaderas garantías al fiscal investigador para poder oponerse de una manera mucho más fácil y clara a una orden que reciba del superior jerárquico o que se pueda oponer al criterio del fiscal jefe en la adjudicación de asuntos.

—Sobre el fiscal jefe es lo que le quería preguntar. Si el fiscal jefe tiene la posibilidad de nombrar al fiscal que lleve una causa concreta y al fiscal jefe lo nombra el fiscal general, ¿está garantizada la autonomía, la independencia de ese fiscal a la hora de investigar un caso de corrupción, por ejemplo?

—A eso me refería. Los criterios de adjudicación de las causas no están claramente establecidos en esa reforma estatutaria. No hay tampoco ningún mecanismo para oponerse a ese reparto de asuntos, por tanto queda muy delegado en las manos del fiscal jefe, que a su vez está siendo nombrado por el fiscal general del Estado de turno. Por eso se está reforzando la figura del fiscal general, que es al final el que sigue haciendo los nombramientos discrecionales sin ningún tipo de cortapisa.

—¿Por qué cree que esta reforma se anuncia ahora?

—Supuestamente nos decían que el nuevo texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está a punto de ser presentado en el Consejo de Ministros y de pasar al trámite parlamentario. Nosotros habíamos exigido que ambas reformas fueran en paralelo o incluso que fuera antes la reforma estatutaria. Sin embargo, es cierto que vamos a ciegas en lo que resultará al final el proyecto de atribución de la investigación penal al fiscal. Porque el texto que conocíamos desde la Asociación de Fiscales, del que informó el Consejo Fiscal, no era del agrado de ninguno de nosotros, es un texto de 2021. Desde entonces hasta ahora ha habido dentro del propio ministerio comisiones de estudio y de reforma de ese texto. Con lo cual, en este momento tampoco se sabe cómo encaja exactamente la figura del fiscal investigador en ese nuevo procedimiento, ni si en el propio texto procesal se establece la organización de la fiscalía como hacía el texto del 21. Tampoco el proyecto de reforma del Estatuto orgánico alude a este extremo. Por eso digo que se ha quedado corto el estatuto porque no hace ninguna modificación sensible de la organización, ahora muy dispersa, muy caótica. Además, hubiera sido la ocasión perfecta para obtener la autonomía presupuestaria ya de una vez y sobre todo para establecer controles reales al fiscal general del Estado y verdaderas garantías para los fiscales respecto de las órdenes de los superiores.

—¿Ha participado su asociación en esta reforma? Porque la última noticia que teníamos es que la APIF y la Asociación e Fiscales se habían plantado cuando García Ortiz les convocó.

—Sí, nosotros nos plantamos en la tercera convocatoria porque un día antes, en una entrevista en TVE, el fiscal general lanzó una sospecha sobre nuestra asociación diciendo que éramos el representante del PP en el seno de la Fiscalía. Eso me pareció una deslealtad por su parte, primero porque me conoce y sabe que eso no es así, pero por otro lado, más allá de a nivel personal, porque si se nos ha pedido colaboración y hemos accedido, es un golpe bajo dejar caer reproches o sospechas contra una de las asociaciones que está trabajando contigo. No me pareció que era la manera de seguir desarrollando esa colaboración y de ahí que dejáramos de colaborar. Desde entonces no hemos tenido más noticia. Desconocemos por completo que el trabajo estuviera avanzado, ni siquiera sabemos si lo ha hecho una comisión del Ministerio, de Fiscalía o si ha participado también la otra asociación (la Unión Progresista de Fiscales). No tengo ni idea, no teníamos conocimiento y no sabíamos hasta que salió en prensa este miércoles que se iba a aprobar por el Consejo de Ministros.

—O sea, que la asociación mayoritaria de la carrera no ha participado en la elaboración de su Estatuto...

—Así es, no hemos tenido participación alguna. A mí me asombra también que había un borrador muy elaborado de la etapa de Torres Dulce como fiscal general del Estado, en previsión de la atribución de la investigación al fiscal, en el que participaron todas las asociaciones y miembros de unidades de la Fiscalía General. Un trabajo muy bien elaborado en el que aparecían reflejados los puntos de discrepancia. Era un texto muy abierto en el que se recogía el sentir de todo el mundo. Y lo que compruebo es que nada de lo que se recoge ahora tiene que ver con aquello.

—¿Cree que esta reforma se anuncia ahora porque el informe europeo sobre el Estado de derecho está al caer o que tiene algo que ver con la situación en la que se encuentra el fiscal general?

—Bueno, si tuviera que ver con la situación en la que se encuentra el fiscal general debería haber contemplado la imputación como causa de cese y no se prevé, más allá de tratar el tema de la abstención o recusación del fiscal general del Estado con la solución práctica que ya se está adoptando ahora, que es la abstención en favor en favor de la teniente fiscal. Yo creo que ha sido una operación de puesta a punto, de lavar un poco la cara frente a Europa para dejar claro que el Gobierno sí está en la línea de dar satisfacción a las exigencias y a los requerimientos y que, por tanto, hay transparencia en la regulación del Ministerio Fiscal. Pero por otro lado, como digo, a nivel interno hay muchos déficits en esta regulación porque habría que intentar modular todas las posibilidades para evitar las presiones al fiscal investigador, y no solo las externas, sino también las internas, las que se pueden producir en el seno de la propia institución, que recordemos que es jerárquica, y eso no está en el texto.

—El caso es que el fiscal de a pie no está blindado, como se pedía.

—Sigue sin estar blindado. Si la atribución de las causas se hace por el fiscal jefe, si los criterios para esa atribución no están fijados claramente 'ex ante', si no hay un mecanismo de discrepancia frente a esa atribución del asunto a un fiscal, si al fiscal jefe lo nombra el fiscal general del Estado, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de exigencia de apoyo mínimo por parte del Consejo Fiscal y sin que además en materia de nombramientos cuando sale la plaza concurso se haga una petición de requisitos, de concurrencia de determinados requisitos para cumplir ese perfil específico de la plaza, pues eso es un terreno en el que el único que puede ganar es el fiscal general del Estado, no la carrera ni la institución.

—¿Cree que la ampliación del mandato favorece al actual fiscal general?

—Si como ha dicho Bolaños se prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2028, ya no afectará a esta fiscal general. Él contará con la información necesaria para saber si tiene los apoyos y si puede directamente afirmar que no va a tener ningún tipo de problema para aprobar el texto. Si los plazos no fueran esos y fueran más rápidos sí que afectaría al fiscal general actual porque la disposición transitoria única dice que a la entrada en vigor del texto, el fiscal general del Estado que esté en ese momento ejerciendo el cargo se mantendrá hasta acabar el plazo de los cinco años que se aplica con el nuevo texto.

—¿Podemos decir que está la Fiscalía preparada para asumir la instrucción? 

—Bueno, vamos a ver. Medios materiales y personales distan mucho de ser los necesarios para asumir la investigación. Y después, como siempre decimos en la asociación de fiscales, no se puede asumir la investigación a cualquier precio y de cualquier manera. necesitaríamos un mayor blindaje del fiscal investigador insisto para que pueda ejercer su labor sin presiones y con mayores garantías frente a órdenes o instrucciones que pueda recibir del superior.