El Gobierno acelera su plan para que las causas penales las instruyan los fiscales y no los jueces

Noticia Relacionada

El CGPJ ratifica el informe que ve indispensable blindar a los fiscales ante el Gobierno

Nati Villanueva

El texto aplaude que se dé un año de plazo para la modificación del Estatuto Fiscal, aunque lamenta que no vaya en paralelo a la ley

El primer impulso del ministro fue apremiar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emitiera su informe al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), el texto por el que se regula ese cambio de modelo procesal; el segundo, la aprobación, ayer, de la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, un paso sin el que iba a ser imposible la implementación del nuevo modelo de instrucción. Lo advirtieron el Consejo Fiscal y el propio CGPJ en sus respectivos informes hace apenas unos meses: sin blindar la autonomía de los miembros del Ministerio Público no es posible que la Fiscalía asuma la investigación penal.

De esta forma, y sin posibilidad de hacer otra cosa si realmente quiere que los fiscales asuman la instrucción, el Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de ese Estatuto fiscal sacando pecho de su firme voluntad de despolitizar un órgano que se encuentra en estos momentos en la mayor crisis de credibilidad de su historia, con el fiscal general imputado por revelación de secretos y una Fiscalía cuya actuación, especialmente en las causas más sensibles para el Gobierno, está siendo muy cuestionada dentro de la propia carrera.

Pero ni el momento es casual ni la maniobra improvisada. El Ejecutivo es consciente de el próximo informe sobre el Estado de derecho de la UE está a la vuelta de la esquina. También de los reiterados llamamientos del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) a España para que despolitice de una vez por todas la Fiscalía dotándola de autonomía y desligándola del Gobierno con medidas como la de que el mandato del fiscal general no coincida con el del Ejecutivo. Y es en este contexto en el que se enmarca el anteproyecto aprobado ayer.

Efectivamente el texto prevé que el mandato del fiscal general del Estado sea de cinco años, por lo que dejará de coincidir con el del Ejecutivo, que es de cuatro. Además, no podrá ser renovado, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.

La reforma prevé que para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo pueda apartar al fiscal general por «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además cualquier comunicación entre entre la cabeza de la Fiscalía y el Ejecutivo «deberá constar por escrito y ser publicada».

La reforma también otorga «mayor autonomía funcional» al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del fiscal general, en lugar del Gobierno, aunque lo cierto es que en la práctica el Consejo de Ministros respeta a pie juntillas la propuesta que le llega del fiscal general. Ahí están los ejemplos de polémicos nombramientos de García Ortiz y de su antecesora, Dolores Delgado, que han pasado el filtro del Ejecutivo para acabar siendo finalmente tumbados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes. Tampoco es una reforma trascendental teniendo en cuenta que en los últimos tiempos el actual fiscal general y Delgado han ido nutriendo de afines esa Junta de Fiscales de Sala, formada por más de una treintena de fiscales de primera categoría por cuyas manos han pasado en el último año cuestiones como la propia continuidad de García Ortiz tras su imputación por revelación de secretos o, meses antes, el archivo de la querella de González Amador que dio origen al procedimiento que hoy investiga el Supremo.

En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales «no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros». Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General.

Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del fiscal general del Estado y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, «es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad», lo que se quiere hacer también con los jueces.