Los peritos de la UCO cercan a García Ortiz: sus borrados fueron «voluntarios» y admitió que «destruyó» su teléfono móvil

Los peritos han confirmado sus informes y las inferencias que la defensa del acusado ha intentado echar por tierra calificándolas de «creatividad» y han apuntado directamente a García Ortiz como autor de la filtración llegando a asegurar que tenía el dominio del hecho porque todo lo filtrado curiosamente había pasado por sus manos antes. «No hay nada filtrado que no haya sido conocido previamente por la Fiscalía General del Estado», ha asegurado uno de los agentes.

En su declaración, en la que han tenido también la condición de testigos, los funcionarios de la UCO no han dudado en poner de manifiesto que el borrado del mensajes y de la cuenta de correo por parte del fiscal general ha sido un obstáculo en la investigación, pues no se ha podido saber por ninguna vía (las comisiones rogatorias han fracasado) cuántos mensajes borró el acusado, pero no hay ninguna duda de que lo hizo: el 16 de octubre, el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la investigación contra él y hasta en dos ocasiones. A ello se sumó después, como han recordado los agentes, que una semana después de que se abriera esta causa y una semana antes del registro, en concreto el 23 de octubre, García Ortiz cambió de dispositivo móvil y empezó a hacer uso de un aparato que se le entregó en mayo, pero que hasta ese momento no había utilizado. Nunca devolvió ninguno de los dos. Es más, tal y como ha testificado uno de los agentes, en pleno registro de su despacho confesó al guardia civil que le estaba requiriendo el dispositivo que lo había «destruido». El propio agente así lo ha confesado esta mañana en el juicio haciendo hincapié en lo que le sorprendió el verbo utilizado por el acusado. «Dijo destruido, es algo que me llamó la atención», ha apuntado el testigo. Ante esta revelación, el acusado, sentado en estrados, ha abierto los ojos, mostrando expresión de sorpresa y ha susurrado: «Yo no dije eso», se ha podido leer en sus labios.

Pero ahí no acabó el borrado de pruebas, porque los agentes también se han ratificado en la eliminación por parte del fiscal general de la cuenta de correo particular en la que la noche del 13 de marzo de 2024 recibió la cadena de correos que con insistencia reclamó a la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez «para cerrar el círculo». Minutos después de tenerlos en su poder, la 'Cadena Ser' publicaba el entrecomillado del mail en el que el letrado de González Amador reconocía dos delitos fiscales en busca de una conformidad para evitar el juicio.

En descargo de García Ortiz, el abogado del Estado Iñaki Ocio ha preguntado a los agentes si les consta que, ya en fase de instrucción, después de la emisión de uno de sus informes policiales, el fiscal general del Estado comenzó a recibir mensajes amenazantes en dicha cuenta personal de Gmail y ésta fue cerrada posteriormente, en diciembre de 2024, por ese motivo. Uno de los peritos ha contestado que no le consta ninguna de las dos cosas.

Los testigos han considerado que debió ser García Ortiz y no otra persona quien filtrase al periodista de 'Cadena Ser', Miguel Ángel Campos, el correo del 2 de febrero con el textual del ofrecimiento de la conformidad por parte de la defensa de Alberto González a la Fiscalía por su dominio y jerarquía en la Fiscalía General del Estado. «No hay nada filtrado que no haya sido conocido previamente por la Fiscalía General del Estado», han considerado. «¿Por qué ponen las sospechas de la filtración en el fiscal general del Estado y no en la fiscal superior Pilar Lastra o en el fiscal Julián Salto que también conocían que al día siguiente se emitiría una nota de prensa?», ha preguntado la abogada del Estado Consuelo Castro. «Porque es sobre la persona que tenemos otros indicios y porque la Fiscalía está jerarquizada», ha respondido uno de los peritos.

Los agentes han recordado la secuencia de hechos de la noche del 13 de marzo y la mañana del 14 de marzo, desde que Pilar Rodríguez, a las 21.34 recibió una llamada de Álvaro García Ortiz de cuatro minutos después de que 'El Mundo' hubiera publicado que la Fiscalía había ofrecido un pacto al Ministerio Público.

Inmediatamente después, Pilar Rodríguez llamó al fiscal Salto, que tenía toda la documentación. La Cadena Ser publicó a las 23.51 la noticia en la que se citaba un entrecomillado del correo en cuestión, así como adelantó que en la Fiscalía se preparaba una nota informativa. «Lo que se ve es un dominio y jerarquía a todos los niveles del fiscal general del Estado. Es quien marca y quien dice cuándo y dónde se tiene que dar esa nota de prensa. Incluso le sorprende a la fiscal provincial cómo sale y cuándo sale esa comunicación», ha afirmado uno de los agentes.

A la mañana siguiente, han recordado los agentes, el jefe de los socialistas madrileños, Juan Lobato, «recibió mensajes del PSOE nacional», incluido el secretario de Estado de comunicación Francesc Vallés. A partir de ese momento, confirmaron, Pilar Sánchez Acera, número dos del secretario de Presidencia Óscar López, envió un pantallazo con el famoso correo de la filtración y minutos después apareció una noticia en El Plural con dicho correo. «Para nosotros hay dos filtraciones: la de las 23.51 de los entrecomillados del correo en la Cadena Ser y la del correo completo publicado a las 9.06 horas en El Plural». «Pilar Sánchez Acera envía el correo tal cual al señor Lobato a las 8.30. Éste pregunta de dónde viene y ella no lo tiene claro, porque en los medios no está. Hasta las 9.06 de la mañana que sale en El Plural, en los medios no está. Cualquier medio de comunicación que hubiera tenido ese correo, ya que se había publicado el contenido, lo habría publicado. Sánchez Acera hace una serie de afirmaciones como si tuviera dominio sobre cuándo se va a publicar», ha expuesto uno de los peritos.

Lo que han dejado claro también los agentes que participaron en los registros que la defensa pretende invalidar es que el volcado de la información fue proporcionada y que si se hizo un volcado «total» de lo contenido en discos duros tarjetas SIM y ordenadores de García Ortiz y de Rodríguez fue porque esa es la forma de proceder en registros de este tipo en los que la información de analiza en un momento posterior. No se podía hacer una copia selectiva, tenía que ser íntegra para luego ser purgada», ha asegurado el testigo y refrendado todos los agentes que participaron en esta diligencia.

El último perito en declarar ha sido uno propuesto por la defensa, que ha afirmado que «es imposible determinar qué mensajes se han borrado, cuándo se han borrado y en qué fecha se han borrado. Es más, los mensajes que aparecen borrados el 16 de octubre podrían estar borrados previamente». El abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, le ha preguntado si puede confirmar en qué empresa pública trabaja y éste ha contestado: «En la SEPI».