Pedro Sánchez anuncia en el Congreso 43.000 nuevas viviendas públicas para alquiler

El anuncio, recibido con una fuerte ovación de la bancada socialista, lo ha hecho Sánchez asegurando que sevirá para garantizar el derecho constituicional a la vivienda. El jefe del Ejecutivo ha detallado que será tanto vivienda nueva como rehabilitada y que la operación se financiará con 4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos y habilitando una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Sánchez ha sumado estas nuevas viviendas a las 50.000 ya anunciadas de la SAREB, el banco malo, sin aludir a las condiciones en las que se encuentran estos inmuebles, muchos en mal estado o en lugares poco demandas. Esas nuevas viviendas públicas deberán contar, como ha explicado desde la tribuna de la Cámara Baja el presidente, con dos condiciones: la eficiencia energética y que se destine a un alquiler social o precio asequible. O incluso, ha precisado, la cesión durante un periodo de cincuenta años.

El líder del PSOE ha asegurado que, ante los anunciados recursos al Tribunal Constitucional (TC) por los grupos de la oposición -«la derecha y la ultraderecha», como suele referirse al Partido Popular (PP) y a Vox- «no hay nada más constitucional que garantizar el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución, para convertirlo en el quinto pilar del estado del bienestar», ha presumido.

Previamente a ese anuncio, Sánchez ha sacado pecho del acuerdo alcanzado la semana pasada con ERC y EH Bildu para la nueva ley de vivienda, que fijará un tope al alquiler del 3% para 2024, para posteriormente fijarlo siempre por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). En ese punto, se ha vuelto a dirigir a la bancada de la derecha, dado que «amenazan con incumplir» la nueva norma.

«Las leyes se cumplen, y la de vivienda se va a cumplir en todos y cada uno de los territorios de España» ha sentenciado. Como explicaron ERC y EH Bildu el pasado viernes al anunciar el acuerdo, la ley mantendrá las competencias autonómicas y locales, y quedará al arbitrio de las comunidades la aplicación de la norma, pudiendo por ejemplo declarar o no una zona tensionada de alquiler, independientemente de que se cumplan los propios requisitos que fija la ley.

Precisamente la política de vivienda ha sido unos de los aspectos que ha criticado, en su discurso de réplica, la portavoz parlamentaria y número dos del primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, quien ha acusado a Sánchez de «cambiar a Boyer [Miguel] por Otegi [Arnaldo]» en referencia al primer ministro de Economía del PSOE, que liberalizó los alquileres, y al líder de Bildu, el antiguo brazo político de ETA, con el que se pacta ahora esa ley de vivienda. «La política de vivienda es otra de sus grandes mentiras», ha dicho Gamarra, quien además ha tirado de hemeroteca para recordar que en 2021 el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció 100.000 viviendas públicas, mientras que luego su sucesora, la actual ministra Raquel Sánchez, «dijo que serían 20.000».

Compromisos que según la portavoz del PP no se han cumplido: «Ni un solo piso, ni una excavadora, ni una sola llave, y ahora se saca de la manga las 50.000 viviendas de la SAREB, que no le han durado ni cuarenta y ocho horas. En veinticuatro horas su propia ministra [Nadia Calviño] ya le desautorizó, cuando dijo que 14.000 de ellas ya estaban habitadas, muchas de ellas con okupadas. No se ría, que es así. Otras 14.000 estaban supuestamente en construcción, y que el resto son solares. En definitiva, un bluf, un anuncio fantasma en plena campaña electoral».

Previamente, Sánchez había sumado las 50.000 viviendas de la SAREB a las nuevas 43.000 anunciadas en este debate, para redondear hasta casi 100.000 las viviendas públicas que se pondrían a disposición de los ciudadanos. Todo ello, explicó, con el objetivo de superar el a su juicio «bochornoso» porcentaje de vivienda pública en nuestro país, de «menos del 3%», frente, detalló, a la media del 13% en la UE y del 20% de países como Dinamarca u Holanda, los modelos que a su juicio hay que fijarse como objetivo.

Menos centrado en la vivienda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de soltar «un sermón», en el que «habla sobre lo que le da la gana, o mejor dicho: miente sobre lo que le da la gana». Abascal le ha pedido al presidente, y ha dicho que «en eso seguramente estarán de acuerdo muchos diputados de izquierdas», que «antes que dar lecciones sobre cómo funciona el mundo, bastante insoportables a estas alturas de la legislatura, sería bueno que el señor Sánchez nos respondiera a preguntas mucho más sencillas, y mucho más concretas. Por ejemplo: ¿Qué es lo que ha notivado el cambio, sin consultar a nadie, en contra de su Gobierno, en contra de este Parlamento, en contra de su programa y de sus propios votantes, de nuestra política internacional en la frontera sur? ¿Cómo es posible que de un día para otro asuma la postura marroquí sobre el Sahara, cuando había empezado su legislatura trayendo ilegalmente a España a uno de los líderes del Frente Polisario?».

Igualmente, Abascal le ha preguntado a Sánchez por las consecuencias económicas en la relación con Argelia que haya podido suponer ese giro sobre las relaciones con Marruecos. Varios oradores que le han seguido en el uso de la palabra, antagónicos ideológicamente al líder de Vox, se han interesado por la misma cuestión. El diputado Javier Sánchez Serna, uno de los cuatro que ha intervenido por el grupo de Unidas Podemos, ha asegurado que «el pueblo saharaui no merece que le demos la espalda, por muchas presiones que recibamos del otro lado del Atlántico o por muchos chantajes que intente Marruecos».

Por su parte, la diputada de ERC Marta Rosique le ha reprochado que haya dedicado «treinta y siete minutos a un mitin electoral del PSOE, en el Congreso» y «diez minutos sobre su dictadura amiga», en referencia a Rabat. La parlamentaria independentista ha acusado a Sánchez de haberse apartado, en su giro sobre Marruecos, de «su responsabilidad histórica y de la legalidad internacional, negándole al pueblo saharui su derecho a la autodeterminación. Esto comporta que se rompan sus relaciones con Argelia, el principal proveedor de gas del Estado español, con diferencia. Es decir: en plena crisis energética en España, hacen saltar por los aires el acuerdo de importación de gas de Argelia, incluso sabiendo el impacto económico que eso supondría para las familias y para el tejido social».

Rosique ha dado por supuesto que existe algún tipo de «chantaje» por parte de Mohamed VI al Gobierno español. «El reino marroquí debe tener una información realmente valiosa para mover sus hilos con tanta facilidad» ha concluido, especulando que la información debe ser «tan oscura, tan delictiva, que es mejor que no salga a la luz». También se ha referido a ello la portavoz de Ciudadanos (CS), Inés Arrimadas, quien ha dudado de que su gestión con el vecino del sur se pueda calificar de «éxito diplomático» -como había hecho en su primera intervención Sánchez- cuando, ha recordado la líder de los liberales, las autoridades marroquíes están reivindicando ahora Ceuta y Melilla como propias.

Por su parte, el portavoz del PNV Aitor Esteban, quien ha sido muy crítico con la manera de plantear el debate de Sánchez, por alejarse de los temas fijados de antemano para la comparecencia, ha dicho de manera tajante: «Ha conseguido parar la inmigración desde Marruecos, a costa de vender el Sahara». Esteban, además, ha añadido que «algún día sabremos lo que pasó, en todo el affaire Marruecos» y se ha dirigido a Sánchez para darle un consejo: «Cuidado con las redes de inteligencia marroquíes en España, que cada vez son mayores, y con más penetración». En parecida línea se ha manifestado el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien le ha retado a votar en el Parlamento su cambio de posición sobre el Sahara o, incluso, a «visitar» los campos de refugiados saharauis en Tinduf.

En su turno de réplica, en el que como es su costumbre ha contestado a todos los grupos a la vez, durante casi una hora y media, Sánchez ha hecho frente a las acusaciones sobre Marruecos y sobre el posible chantaje al que estaría siendo sometido por el régimen de Rabat. En respuesta a la republicana Rosique se ha referido muy sucintamente a «mi móvil», en referencia a la infección con Pegasus del dispositivo, anunciada por el propio Gobierno hace casi un año. Y aludiendo de manera críptica a los mensajes publicados en su día de Mariano Rajoy al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el presidente ha dicho que «hubo otros presidentes que tuvieron problemas con el móvil, ya sabe, 'aguanta', pero no fui yo».

En ningún momento ha aludido a las preguntas de la oposición sobre si cesó a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a petición de Mohamed VI, tal y como publica este miércoles El Confidencial. En el turno de dúplica, Jon Iñarritu se lo ha afeado y le ha dicho que «usted hoy no se puede escaquear de dar esas explicaciones». Contestando a Abascal, Sánchez ha presumido de la reducción de la llegada de inmigrantes a nuestro país, tanto a Ceuta y Melilla como a Canarias, después del giro sobre el Sahara y el restablecimiento de las relaciones con Rabat de hace un año. Sánchez ha defendido ante el líder de Vox que «mantener una buena relación con Marruecos es bueno para España», y ha ironizado diciendo que «lo que es bueno para España es malo para ustedes», en referencia a la tercera formación de la Cámara Baja.

También en su respuesta a ERC, y sobre la cuestión migratoria, el jefe del Gobierno le ha reprochado airadamente a los independentistas catalanes que ni siquiera mencionen a «las mafias que trafican con personas» como parte del problema migratorio. La republicana Rosique le ha reprochado en el turno de dúplica que eso no le «exime de su responsabilidad», mientras que Abascal, en el mismo turno, le ha contestado que a España llegan menos inmigrantes en el último año porque se han desviado a Italia, donde gobierna la correligionaria de Vox, Giorgia Meloni.