El Gobierno no responde al intento del Parlament para declarar otra secesión

Así, el Gobierno podría impugnar la decisión de la Mesa, elevando un recurso ante el Tribunal Constitucional, en base a la potestad que le ofrece el artículo 161.2 de la Constitución, que además suspendería la tramitación de la ILP hasta que el Constitucional determinara si es legal. Sin embargo, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hay intención de frenar la iniciativa que, por lo tanto, seguirá en las próximas semanas con la recogida de firmas y, posteriormente, el debate y votación de la misma en el Parlament.

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Aunque el Gobierno tiene dos meses para recurrir la decisión, no sería necesario esperar este tiempo, y menos aún cuando en este período ya podría estar en marcha la recogida de firmas. «No hay que esperar a que se cumpla para entender incumplida la obligación del Gobierno de interponerlo. La admisión a trámite puede dar lugar a una tramitación acelerada, como la de las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017, por cualquiera de los procedimientos previstos en el Reglamento del Parlament», señalan las mismas fuentes, que recuerdan que «la sola tramitación de la ILP ya es peligro inminente» y afirman que, esta iniciativa de los independentistas, sería suficiente para iniciar los trámites de un nuevo 155.

En esta línea, algunos juristas consultados por este diario ven ciertos paralelismos entre la situación actual y la que se dio cuando, a principios de 2018, el Constitucional suspendió el pleno de investidura de Carles Puigdemont, candidato de Junts y fugado de la Justicia, que pretendía ser relegido presidente de la Generalitat a distancia, desde Bélgica. Otros juristas consideran, sin embargo, que la admisión a trámite de la ILP no genera un acto legislativo con fuerza para ser impugnado por el Gobierno.

Otra vía, además de la de acudir al Constitucional, sería la de elevar la queja ante la Unión Europea (UE). Así opinan, también, fuentes de los letrados del Congreso, al considerar que la iniciativa que cuenta con el apoyo de Junts y la CUP, y ante la que ERC no se opone, infringiría los artículos 1 y 4 del Tratado de la Unión Europea. Es decir, «permite abrir un procedimiento de infracción contra España», ya que «una vez inserto un Estado en una organización supranacional, no cabe admitir en el Estado procedimientos que puedan finalizar en un proceso de separación de una parte de un Estado miembro».

Esta impugnación podrían defenderla los partidos políticos con representación institucional y, también, cualquier ciudadano de la UE. «Las comunidades autónomas no están exentas de cumplir con el Derecho de la Unión Europea. Y los Tratados y Convenios obligan sobre todo en materia de organizaciones internacionales, civiles o de defensa», concluyen, respecto a esta posibilidad, las fuentes consultadas.

Ahora bien, la intención del Ejecutivo de Sánchez es ignorar la amenaza secesionista. El presidente del Gobierno y líder del PSOE restó importancia a la iniciativa materializada en una ILP. E incluso negó tajantemente, desde Rabat (Marruecos), que se trate de una provocación por parte de los de Puigdemont, mientras, en paralelo, negocian con los socialistas la aprobación de una amnistía que deja sin sanción los hechos delictivos de 2017.

En esta línea, Sánchez está plenamente convencido de que logrará aprobar la ley de amnistía que le exigen los secesionistas y que, consecuentemente, podrá agotar la legislatura hasta el año 2027. Así lo manifestó en una conversación sin micrófonos con los periodistas que cubren su visita oficial de este miércoles a Marruecos, donde fue recibido por el monarca del país vecino, Mohamed VI.

«Hasta 2027 tengo tiempo. Todo el del mundo», apuntó a bordo del avión que le llevó a Marruecos, al que llegó directamente desde la sesión de control en el Congreso en la que se sometió a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo (PP), y a las de las portavoces de Junts y Bildu, Míriam Nogueras y Mertxe Aizpurua, respectivamente. En cuanto a la prórroga de la tramitación de la ley de amnistía, que volverá a debatirse el próximo 7 de marzo, consideró que es algo «lógico», dado que aún no hay acuerdo y de no haberse aplazado la fecha hubiera decaído toda la reforma.