La campaña 'España 50 años en libertad' impulsada por Moncloa obvia la lucha contra ETA en el País Vasco

«Celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país. España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales», dijo Carmina Gustrán, la comisionada que ha coordinado el diseño del programa con la Delegación del Gobierno en el País Vasco, que busca recordar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, «el valor que tiene la conquista de los derechos que ha permitido el vivir en democracia durante estas décadas».

Gustrán, historiadora de profesión, declaró que dada la citada «diversidad» que caracteriza a España, «tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos». Este pasa por encima, sin embargo, de la violencia terrorista que sufrió durante décadas la región —567 de las 857 víctimas mortales fueron en el País Vasco, según 'Vidas Rotas' (Espasa)— y que puso en jaque el sistema democrático que tomó forma de monarquía constitucional en la Transición.

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«Solo se habla de evolución y conquistas sociales gracias a la democracia y la libertad», responden fuentes de la Delegación de Gobierno, que dirige la socialista Marisol Garmendia, al ser preguntados por la ausencia total de referencias a la banda terrorista. Las iniciativas ya se celebran desde hace varias semanas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y finalizarán con dos actos en el edificio de Tabacalera de San Sebastián y el centro cultural Santa Clara de Portugalete.

Entre ellas, figura la colocación de cuatro murales en distintas calles de Vitoria, creados por Miguel Ángel Medina y Aratz Ruiz, para reivindicar los «derechos de la mujer, la pluralidad política, la libertad cultural y el movimiento obrero». Todos se inaugurarán el próximo 2 de diciembre. «Cumplen con la misión de conocer y dar a conocer el pasado reciente de España, especialmente el pasado de dictadura y la transición a la democracia», defendió Garmendia.

Esto se une a otras actuaciones como el homenaje que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Bilbao a los movimientos vecinales, y se completarán con otros dos eventos. Primero, el ya mencionado en la Tabacalera el próximo 27 de noviembre, en recuerdo de «la aportación de la inmigración en nuestra historia reciente», donde se reconocerá el papel de las migraciones internas de los años 60 y 70 —procedentes de regiones como Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla o Aragón— y las migraciones internacionales más recientes, provenientes de América Latina, África, Asia o Europa del Este en la construcción de la ciudad.

También, el próximo 4 de diciembre, se celebrará una gala en el centro cultural Santa Clara de Portugalete (Vizcaya) para presentar una serie de proyectos audiovisuales realizados por estudiantes de centros de Formación Profesional o la escuela de cine de la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU) con el tema «Libres para…' (decidir, ser, amar, crear, protestar, reivindicar)». Además, se ha elaborado una «unidad didáctica intercultural» dirigida al alumnado de Secundaria, con el objetivo de «acercar a las nuevas generaciones la historia de las migraciones, trabajar la empatía y la convivencia, y reflexionar sobre el valor de la libertad desde la diversidad».

«Tenemos que celebrarlo y también proteger y cuidar la libertad y la democracia que llevamos disfrutando estos 50 años», señaló este viernes Garmendia, en una rueda de prensa acompañada de Borja Rodríguez, concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria, Mar Dabán, subdelegada del Gobierno en Álava, Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno en Vizcaya, y Noemí López, subdelegada del Gobierno en Guipúzcoa.

La iniciativa llega en un momento de progresivo acercamiento de los socialistas a EH Bildu en el País Vasco, mientras estos abanderan una campaña de descrédito de la Transición representada en la figura de los etarras Txiki y Otaegi. El partido dirigido por Arnaldo Otegi, que todavía no ha condenado la violencia de ETA y tiene en sus órganos de dirección miembros como Arkaitz Rodríguez, condenado por pertenencia a banda terrorista, es ya un socio preferente de Pedro Sánchez en Madrid y Pamplona, donde ambos partidos se intercambian el apoyo para mantenerse en el poder.

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En la capital navarra, Bildu sostiene el Gobierno de María Chivite, con el que, por ejemplo, anunció hace dos semanas un acuerdo para facilitar sus presupuestos para 2026 con su abstención. Igual que para la investidura de la socialista como presidenta en agosto de 2023. Por su parte, Joseba Asirón, gobierna con el beneplácito de los socialistas en el Ayuntamiento de la ciudad, después de que estos facilitaran la moción de censura a Cristina Ibarrola (UPN) en diciembre de ese mismo año.

La relación entre socialistas y la izquierda aberzale era distinta en el País Vasco hasta el momento. Al menos en público, pues ambas partes mantienen contactos en secreto para explorar un nuevo Estatuto donde Bildu pide incorporar el «derecho a decidir». Basta remontarse a las últimas elecciones autonómicas, celebradas en abril del año pasado, cuya recta final estuvo marcada por la negativa de Pello Otxandiano, candidato a lendakari, a calificar a ETA como una «banda terrorista». Entonces, los socialistas salieron en tromba, hablando de «cobardía y bajeza moral». Eneko Andueza, líder del Partido Socialista de Euskadi (PSE), llegó a decir: «No puedo permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros».

Los votos de los suyos finalmente fueron claves para facilitar el Gobierno del lendakari, Imanol Pradales, pero, desde entonces, Andueza, que no ocupó cargo en el Ejecutivo, viene empleándose como portavoz del PSE con más dureza contra el PNV, su socio, que contra EH Bildu, en la oposición. Los temas han sido variados en lo que va de legislatura. Desde la seguridad a la inmigración, pasando por la política lingüística o la lista de transferencias al País Vasco para «completar» el Estatuto de Guernica. En este último apartado, que el Gobierno vasco negocia contra el reloj con el central para culminar antes del 31 de diciembre, el PSE, por ejemplo, se opone a la exigencia del PNV de cambiar la titularidad del Puerto de Pasajes (Guipúzcoa).

Todo ello ha hecho pasar del «no puedo permitir que esa gente gobierne» de Andueza a un horizonte en el que cada vez parece más viable una mayoría de izquierdas para investir a un hipotético candidato de la izquierda aberzale. De hecho, esa aritmética ya tiene foto desde hace dos semanas, cuando EH Bildu (27 diputados), PSE (12 diputados) y Sumar (1 diputado), comparecieron de forma conjunta en el Parlamento vasco (con 75 escaños, que dejan la mayoría en 38) para mostrar su postura conjunta a una iniciativa del PP, que pedía paralizar un centro de refugiados en el barrio vitoriano de Arana al que también se opone el partido presidido por Aitor Esteban. Finalmente, los populares retiraron la moción antes de que llegara a votación, ante la posibilidad que saliera adelante un texto alternativo impulsado por esa nueva «mayoría progresista».