El nacionalismo vasco prepara una ofensiva en otoño para blindar la exigencia del euskera en las instituciones

El debate enfrenta a los dos partidos del espectro nacionalista, que tratan de protagonizarlo, y ha cogido vuelo en los últimos meses. Entre otras cuestiones, a cuenta del enfrentamiento que vive el PNV con el PP, donde los de Aitor Esteban utilizan la cuestión lingüística, además de las relaciones de los populares con Vox, para justificar su negativa a construir con ellos una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, asumiendo los distintos escándalos de corrupción que envuelven a su Ejecutivo y al PSOE. Tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el pasado 6 de junio, donde Isabel Díaz Ayuso se levantó de la reunión una vez Imanol Pradales inició su discurso en euskera, el lendakari se reivindicaba reclamando un «salto cualitativo» para revitalizar la lengua.

«El euskera es lo que nos hace euskaldunes y nosotros somos vascos, de Euskal Herria, señora Ayuso», dijo durante un acto en Bilbao el 9 de junio. El presidente vasco anunció que el Gobierno vasco organizará en 2027 un «Congreso para la Revitalización del Uso del Euskera». Justo un día después, Bildu iba un paso más allá y registraba en Vitoria su proposición de ley.

Con ella pretenden que las exigencias lingüísticas sean «generalizadas» en el acceso las administraciones vascas, tanto locales como forales y autonómicas. Tal y como lo plantea la coalición que dirige Arnaldo Otegi, buscan revertir el funcionamiento actual «en el que se aplican únicamente a las plazas previamente determinadas por los poderes públicos». Así, en el comunicado emitido entonces explicaban que con su nuevo modelo «la exigencia del conocimiento de ambas lenguas sería general, pudiendo exceptuarse, de forma justificada y objetiva, aquellas plazas determinadas por los poderes públicos«.

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Bildu, como en el resto de materias de corte identitario, proponía entonces usar la «mayoría aberzale» en el Parlamento vasco para ir de la mano con el PNV, mientras estos debatían con su socio de Gobierno cómo encarar la cuestión. Finalmente, Sabin Etxea decidió moverse, presentando el pasado 20 de junio (casi al cierre del periodo de sesiones tras el último pleno) y al margen del PSE su proposición de ley, que, sin ser tan explícita como la de Bildu, busca «blindar el euskera en los procesos selectivos públicos de Euskadi». «No podemos quedarnos de brazos cruzados ante los ataques al euskera que se vienen produciendo a través de estas sentencias y que perjudican tanto a las personas que hacen una OPE como al uso del euskera en la Administración», denunciaba Markel Olano, responsable de euskera en la Ejecutiva del partido.

La polémica parecía aplazada. Hasta esta semana, cuando el miércoles se hizo pública una sentencia del Tribunal Supremo, emitida el pasado 1 de julio, que anulaba definitivamente parte del decreto 179/2019, que desarrolla la ley de Instituciones Locales de Euskadi (aprobada en 2016). Esta, por ejemplo, establecía que en determinadas circunstancias sociolingüísticas «el personal [...], en primera instancia, se dirigirá al ciudadano o ciudadana en euskera» o que los Ayuntamientos pudieran redactar documentos únicamente en esta lengua excepto en el caso de que algún miembro de la Corporación pudiera «alegar válidamente el desconocimiento» del idioma.

El auto avalaba casi por completo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que en septiembre de 2023 fulminaba dichos apartados al entender, a grandes rasgos, que la normalización lingüística no podía servir de excusa para imponer una lengua sobre la otra. Dicha resolución partía de un recurso de Vox contra la norma, lo que esta semana ha producido la reacción del nacionalismo. «Es inaceptable que quienes son irrelevantes en nuestro país (Vox tiene una diputada en el Parlamento vasco), [...] tome la iniciativa y en función de eso un tribunal español nos imponga decisiones sobre nuestros derechos lingüísticos», afirmaba Nerea Kortajarena. Después de las palabras de la portavoz de EH Bildu en Vitoria, el PNV publicaba unas declaraciones de Olano en las que afirmaba que la sentencia socavaba la «voluntad mayoritaria del pueblo vasco» y acusaba a PP, que también presentó un recurso ante el decreto 179/2019, y Vox de querer «lograr en los tribunales lo que no pueden conseguir en las urnas».