La persecución al diésel castiga a la planta vitoriana de Mercedes Benz

La dirección de Mercedes Benz no titubea a la hora de señalar a la incertidumbre generada en torno al diésel como factor determinante en su deriva. No es para menos, dado que el 85% de los modelos que fabrica son de gasóleo , un carburante denostado por el gabinete de Sánchez. De hecho, el Gobierno llegó a incluir un nuevo impuesto al diesel en su fallido proyecto de Presupuestos para 2019.

Las especulaciones del Ejecutivo central han enturbiado el día a día de la planta vitoriana de Mercedes Benz, cuya dirección anunció el pasado enero que se fabricarían 2.000 unidades menos de las furgonetas Vito y Clase V como respuesta a la caída de la demanda de coches diésel. La semana pasada se informó a la plantilla de una nueva reducción, en este caso de 4.000 vehículos, así como de cambios en las fechas de las vacaciones de verano.

Nubarrones que podrían suponer un obstáculo para el PSOE en plena campaña electoral. Los socialistas no hacen ninguna referencia al diésel en su programa electoral, aunque los últimos acontecimientos en Vitoria han obligado a sus dirigentes a reaccionar: «Mercedes no tiene ningún riesgo de perder ningún puesto de trabajo», enfatizó ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que añadió que «ni el diésel está prohibido» ni tampoco carga con «ningún impuesto» .

La mandataria socialista respondió de esta forma a Javier Maroto, candidato del PP al Congreso por Álava, que el pasado fin de semana emplazó a los ciudadanos a «sublevarse» contra las medidas antidiésel del Ejecutivo . La formación popular viene avisando de que la persecución de este tipo de carburante pone en peligro 20.000 puestos de trabajo en el sector vasco de la automoción, que representa el 25% del PIB en la Comunidad Autónoma.

Desde la formación conservadora recuerdan que el pasado año se perdieron 800 empleos eventuales en Vitoria a consecuencia de la demonización del diésel, que evidentemente afecta también al resto de fábricas de automóviles españolas . Entre ellas, la de Nissan de Barcelona , que este mismo abril anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 600 trabajadores. Una medida drástica que hasta la fecha no se ha contemplado en la capital alavesa, aunque los sindicatos no la descartan si se mantiene la tendencia negativa.

Tampoco el PNV es partidario de efectuar cambios a la ligera en una materia tan sensible para el País Vasco como es la automoción. Solo en Vitoria, recordó ayer el candidato nacionalista al Congreso por Álava, Mikel Legarda, el sector factura cerca de 19.000 millones de euros al año, lo que lo convierte en uno de los «más relevantes» del País Vasco. En este sentido, determinó que se debe impulsar una reforma «paulatina» de la industria para que contemple las «realidades económicas e industriales de cada territorio» sin lanzar «globos sonda que solo generan alarma social».