450 escolares descubren la «socialización del sufrimiento» de ETA: «Es difícil poner el marcador a cero»

«El objetivo es que tengáis claras las consecuencias de perder la pluralidad y los valores democráticos», ha dicho la consejera socialista, María Jesús San José, a cargo de la política penitenciaria en el País Vasco, antes de dar paso al coloquio. Este ha estado precedido de un vídeo con imágenes de lo que supuso hace tres décadas el aumento en el nivel de violencia de la banda terrorista después de golpes a su actividad criminal como el pacto de Ajuria Enea o la desarticulación de la cúpula de Bidart en 1992.

«El día que un tío del PSOE, PP, PNV va al funeral de un txakurra o cien [...] no ve en peligro su situación personal [...], pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea, en una caja de pino y con los pies por delante». Este mensaje, intervenido de un 'zutabe' (mensajes internos de la banda), ha sido el elegido para ejemplificar los efectos de la posterior 'ponencia Oldartzen', amparada por miembros de Batasuna como Arnaldo Otegi o Adolfo Araiz, actualmente en puestos de la máxima relevancia de EH Bildu.

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Unos que llevaron en 1994 a ETA a dirigir sus acciones violentas hacia un grupo más amplio de la sociedad civil. Tras este cambio, provocado en parte por el hostigamiento al que se veía sometida la organización por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, políticos como los populares Gregorio Ordoñez y Miguel Ángel Blanco, los socialistas Fernando Mújica y Fernando Buesa o periodistas como José Luis López Lacalle se convirtieron fatalmente en objetivos. Un nuevo 'modus operandi' que se extendió hasta que ETA depuso las armas.

«Los primeros años fueron de supervivencia», ha dicho Sara Buesa tras narrar visiblemente emocionada el último recuerdo de su padre. «Hace frío», dijo el que fuera vicelendakari del Gobierno vasco y Consejero de Educación antes de ser asesinado tras salir de su casa en Vitoria a principios del 2000. En el atentado, preparado durante la tregua decretada tras el Pacto de Estella entre el PNV y Batasuna en 1998 y llevado a cabo mediante un coche bomba, también falleció su escolta, Jorge Díez Elorza.

«Faltan muchas conversaciones, en mi caso y en toda la sociedad. En el entorno de quienes justificaron el asesinato de mi padre hay cosas pendientes«, ha dicho, aunque sin citar directamente a ningún partido ni organización política en concreto, al igual que durante toda la charla, en respuesta a Joxemari Mitxelena, también invitado como ponente al evento junto a la activista Itziar Aspuru.

El recientemente nombrado presidente de la Federación Vasca de Pelota y miembro de Eusko Alkartasuna, partido surgido tras la escisión del PNV en 1986 y ahora dentro de la coalición de EH Bildu, ha relatado como tuvo que huir de su pueblo, Oiartzun, en 1996 tras recibir amenazas de muerte por parte del entorno proetarra. «Olvidar no, pero sí mirar adelante», ha dicho, también emocionado, tras contar cómo decidió «poner el contador a cero» con quienes le habían perseguido por posicionarse en contra de la violencia siendo concejal del municipio donde había crecido.

Los estudiantes sobre el escenario del BEC han definido la experiencia como «un golpe de realidad» y han puesto deberes a los responsables del Gobierno vasco. «Un enfoque emocional sobre lo que pasó ayuda más a comprender», ha afirmado Ander Benítez, tras reconocer que sí han tratado el tema en actividades sueltas (no dentro del temario) como el programa Herenegun, que ha calificado como demasiado «historiográfico» y que fue tachado de «equidistante» por las asociaciones de víctimas por su forma de abordar el fenómeno: «La herencia de ETA sigue presente. Cuando vamos fuera del País Vasco nos preguntan que si somos terroristas».

El acto se ha desarrollado al mismo tiempo que en el Parlamento autonómico se debatía una iniciativa del Partido Popular para modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, con el fin de incorporar un régimen sancionador. Dicha proposición no de ley no ha salido adelante, con los votos en contra de los partido en el Gobierno, PNV y PSE, que han presentado una enmienda a la totalidad en la misma línea, pero que, en lugar de ETA, pone en el foco el reconocimiento de la «injusticia del terrorismo, de todas las violencias y las vulneraciones de derechos humanos».