La obsesión de Moncloa y las intrigas de Elena Sánchez sellan el fichaje de Broncano

La estrategia medida de Moncloa funcionó de nuevo a la perfección. Un plan sibilino, diseñado a conciencia, que incluyó el uso partidista de otro ente público. Modelo sanchista. Fue Concepción Cascajosa, militante socialista y presidenta interina de RTVE desde el pasado 27 de marzo, la encargada de poner en marcha la hoja de ruta dictada por el Gobierno tras comprobar que no contaba con los apoyos necesarios del consejo para sacar adelante el fichaje. Encargó a la Abogacía del Estado un informe que explicara el uso de su voto de calidad como presidenta. Lo hacía de manera torticera, planteando cuestiones tan concretas que ya anticipaban lo que podría ocurrir en el cónclave programado.

Las preguntas de Cascajosa ponían sobre la mesa un escenario imaginario para el uso de su voto dirimente, que consistía en un consejo de solo ocho miembros -en la actualidad son nueve tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero- en el que cuatro votaran a favor, tres en contra y uno se abstuviera. Un paisaje que fue, exactamente, el que se dibujó finalmente tras la votación llevada a cabo sobre 'La Resistencia'. Casualidad. La Abogacía del Estado avalaba en ese caso que el voto de calidad de Cascajosa sirviera para dar luz verde a la contratación, aunque en realidad no se tratara de un empate. «El voto dirimente se aplica cuando los consejeros presentes o representados sea par y cuando el número de los que hayan votado a favor del acuerdo sea igual al número restante de consejeros presentes o representados», señala el informe. Una argucia para allanar el camino de Cascajosa hacia su primera victoria desde que aterrizó en el cargo.

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La presidenta esgrimió el documento, realizado por la Abogacía en tiempo récord, para justificar el acuerdo, aunque alguno de los consejeros que votaron en contra expresaron a ABC sus dudas al respecto. «El voto de calidad solo vale cuando hay empate y no ha sido el caso», señala a ABC una de las personas presentes en la reunión, en referencia a los Estatutos de RTVE, que definen claramente el uso de ese voto de calidad del presidente solamente «en caso de empate». «El tema es que se requerían cinco votos y que yo sepa, hasta ahora, sin un empate real no era posible el uso del voto de calidad», reiteraba el consejero consultado, que no descarta impugnar el acuerdo.

De hecho, varios de los miembros del consejo mostraron su disconformidad y pidieron que quedara reflejado por escrito. Alguno de ellos presentará en los próximos días su voto particular, expresando esas dudas y en el aire queda la posibilidad de acudir a la Justicia. Un asunto posible, pero que no resulta sencillo y que decidirán en los próximos días.

Lejos de la reunión, pero no ajena a lo que allí ocurría, se encontraba Elena Sánchez, oficialmente ausente por una baja médica. Otra casualidad. La expresidenta, que había deslizado el martes a diferentes medios que sí tenía pensado acudir al cónclave, sufrió un problema que le impidió acudir. Tampoco en esta ocasión delegó su voto, como la semana pasada. Un trámite sencillo y habitual que no quiso llevar a cabo la expresidenta y que resulta llamativo. Esos dos factores sumados —ausencia y no delegación de su voto— dibujaron el paisaje ideal para Moncloa. El mismo que se plasmó en el informe de la Abogacía. El plan perfecto.

Ya no les hacía falta maquillar el contrato de Broncano para convencer a alguno de los otros consejeros. Los cuatro votos que controlaba Cascajosa servían para cumplir los deseos del Gobierno y empezar a pagar el peaje por su aterrizaje en la presidencia. «Han forzado una interpretación torticera y esto supone un peligro enorme, porque pueden convertirlo en hábito y gobernar solo con cuatro consejeros», señalan a ABC fuentes internas de la corporación.

El plan B era poner sobre la mesa un acuerdo por una sola temporada, minimizando el riesgo de inversión, para acercar a José Manuel Martín Medem, consejero propuesto por Unidas Podemos y adscrito al PCE, que finalmente mantuvo su abstención al no haber cambios de ningún tipo respecto a la propuesta de la semana pasada. Dos años casi garantizados, 28 millones más IVA y blindaje para Broncano, al que solo la productora podría apartar del puesto. Además, RTVE se queda sin atribuciones para decidir sobre el programa durante los primeros 16 meses, en los que 'La Resistencia' —que cambiará de nombre con casi total seguridad— tiene garantizada su presencia en el 'acces prime time', la franja horaria situada entre el Telediario y el programa estrella de cada noche en la cadena.

Es precisamente esta falta de atribuciones, que confiere a las productoras un poder que no tiene ninguna otra en su relación con el ente público, lo que más molestó a Medem. Eso y la externalización continua de programas en un ente público que cuenta con 6.400 trabajadores y que, «si contara con una gestión eficaz, no haría falta hacer».

Uno de las razones que esgrimen en RTVE para haber luchado tanto por el fichaje es que con él esperan acercar a sus espectadores a su plataforma online, marginal ahora mismo y en la que se hizo un desembolso muy importante de fondos europeos recientemente. Los responsables del ente confían en relanzar 'RTVE Play' con el público joven que normalmente consume 'La Resistencia' a la carta, sin tener que estar pendiente de horarios de televisión.

Parrillas que sí deberá transformar RTVE para hacer hueco al programa, cuyo estreno obligará a reducir los informativos de la cadena. Unas fuentes hablan de que «serán solo cinco minutos», pero otras creen que el recorte será mayor. En alguna de sus reuniones anteriores, antes de que 'La Resistencia' apareciera en el ecosistema de RTVE, ya había tratado la posibilidad de reducir «los informativos más largos de Europa», como los define una fuente consultada por ABC, y no se veía con malos ojos. Otra cosa es lo que piensan los trabajadores de informativos, en pie de guerra con esta cuestión, que creen que es un ataque a su labor. «Lo que está haciendo el Consejo es proteger a la productora y no los derechos de RTVE», señalan.

De hecho, fuentes sindicales apuntan a la posibilidad de denunciar el acuerdo por «administración desleal y responsabilidad contable». Así lo refleja un informe al que ha tenido acceso ABC y en el que se habla de una vertiente penal, recogida en el artículo 252 del Código Penal, y otra civil. En la primera, «pueden incurrir los miembros de un órgano colegiado que por acción u omisión permitan que la entidad suscriba contratos que sean desequilibrados o perjudiciales para los intereses de la entidad que administran. No es preciso que con ello el autor gane nada, porque lo que se sanciona no es la apropiación sino la mala gestión incumpliendo los deberes fiduciarios». «Para que un administrador salve la posible responsabilidad no basta con no asistir o abstenerse, sino que hace falta que activamente salven su voto», resume el informe, que habla de responsabilidad contable o civil porque «los miembros de un órgano de administración están sujetos a este tipo de responsabilidad contable por las decisiones que tomen que afecten a los fondos públicos».