El nuevo fiscal general se reúne con el exbanquero que impulsó la investigación a Rajoy en Andorra

Según ha podido saber ABC de testigos presentes del encuentro, García Ortiz y Cierco se reunieron antes del almuerzo en el restaurante del Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid el pasado miércoles.

Esta reunión se produce sólo dos días antes del encuentro entre el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa –previsto en el día de hoy– para tratar «aspectos de la cooperación bilateral» entre ambos países, y con la sombra de la investigación andorrana de fondo en la que una jueza ha imputado al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.

Tras varios intentos de ponerse al habla ayer por la tarde con García Ortiz, este finalmente contactó con ABC al publicarse la primera edición del periódico y negó la existencia de dicho encuentro. Desde el entorno de los Cierco sí reconocen que estuvo ese día en el restaurante pero niegan que se reuniera con García Ortiz.

Ayer mismo se conoció una providencia en la que la magistrada encargada del caso, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Andorra, ha autorizado a la policía judicial a intercambiar información con las autoridades españolas. Tiene fecha de mayo.

Sobre la mesa, la sospecha de que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, enviaron a miembros de la «policía patriótica» a presionar a los responsables de la BPA para acceder a información de las cuentas de líderes independentistas como Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

«Sería conveniente que hablases con unas personas en Madrid para el tema del banco, de lo contrario el banco morirá y los americanos están al corriente de cómo hacerlo», habría amenazado Celestino Barroso, inspector jefe de policía y agregado de Interior de la Embajada de España en el Principado de Andorra. Según la versión de Higini Cierco, sería la primera de muchas presiones y a diferentes responsables del banco.

Y así lo trasladó en el juzgado que investigaba el caso BPA y que supuso la liquidación de la entidad por presuntas irregularidades y blanqueo de capitales en marzo de 2015. También lo reflejó en la querella inicial con la que se abrió la causa en un juzgado de Andorra, al principio dirigida sólo contra el inspector Celestino Barroso y el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martin Blas. Según la versión de Cierco, ambos les amenazaron con el cierre de la entidad bancaria.

La lista de investigados se amplió después de que el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y la entidad de Juristes Drets reclamaran las imputaciones del entonces Director Adjunto Operativo de la policía, Eugenio Pino –superior de ambos–, y el inspector jefe Bonifacio Diez Sevillano, a los que también acusaban de utilizar «vías ilegales» para la obtención de información bancaria. El pasado mes de junio esa lista se amplió aún más con la imputación de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz. También con la del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Los querellantes les atribuyen delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, amenazas, extorsión y chantaje, además de un delito de falsedad por enviar información «falsa» al FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), para que emitiera una alerta en contra de la BPA, «sobre una hipotética práctica de blanqueo de capitales» y que acabó hundiendo el banco. A Rajoy le acusan, además, de «haber intimidado al Jefe de Gobierno andorrano y sus ministros» durante una visita oficial que tuvo lugar en el Principado el 8 de enero de 2015 para que intervinieran y liquidaran el banco.

A la espera de que los abogados de todos los investigados comparezcan en el juzgado, el último movimiento de la magistrada ha sido encargar a la policía del Principado de Andorra que lleve a cabo «todas las investigaciones oportunas por el esclarecimiento de la verdad». Por ello, ha autorizado a los agentes a intercambiar información relativa a las pesquisas con «cuerpos judiciales extranjeros» y en particular con las autoridades españolas.

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«Dada la naturaleza de las infracciones y las circunstancias en las que se habrían cometido, y habida cuenta de que los hechos guardan cierta relación con la entidad BPA es necesario nombrar a los agentes de policía judicial que han tenido conocimiento de las diferentes causas judiciales que afectan a la entidad BPA», argumenta la magistrada la providencia.

De esta manera, serán los agentes de la unidad de investigación económica y financiera del Principado de Andorra los que liderarán las pesquisas encaminadas a esclarecer si existieron esas presuntas presiones. La jueza ya ha ordenado que se dé una copia íntegra de la causa.