Los delitos que la juez de Andorra imputa a Rajoy se penan con hasta 13 años de cárcel

En esta causa la jueza de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, trata de esclarecer si, tal y como aseguran los querellantes, Rajoy y sus ministros utilizaron «vías ilegales» para acceder a información bancaria de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas , así como del exvicepresidente Oriol Junqueras y que se habrían traducido en presuntas presiones que agentes de la Policía Nacional habrían ejercido sobre los responsables de la Banca Privada d'Andorra para conseguir datos de esas supuestas cuentas. La instructora da un plazo de 15 días para que designen un abogado. En caso contrario, advierte, se les asignará uno de oficio.

Son dos los delitos que los denunciantes, las entidades Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), atribuyen a Mariano Rajoy y quien fuera su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Por un lado, un delito de coacciones contra los órganos constitucionales por, supuestamente, «haber intimidado al Jefe de Gobierno andorrano y sus ministros» durante una visita oficial que tuvo lugar en el Principado el 8 de enero de 2015. El propósito, según la querella, era que intervinieran y liquidaran la Banca Privada d'Andorra. Les consideran «los autores y ejecutores personales y directos» del delito.

Por otro lado, les imputan un ilícito de creación, uso y comercialización de documento falso por parte de un funcionario por, según la querella, enviar información «falsa» al FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), para que emitiera una alerta en contra de la BPA, sobre una hipotética práctica de blanqueo de capitales por parte de la entidad bancaria andorrana, que habría precipitado su intervención y liquidación el 10 de marzo de 2015 con el objetivo de conseguir estas cuentas de líderes independentistas catalanes. El primero de los delitos está castigado en Andorra con penas que oscilan entre los tres y los diez años de cárcel. El segundo, contempla penas de entre tres meses y tres años de prisión.

Sobre el papel del exministro Fernández Díaz, el que fuera su número dos, Francisco Martínez y el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, los querellantes destacan que eran los superiores de los agentes policiales que actuaron sobre el terreno. En un primer momento, la querella se dirigía contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes habrían coaccionado y extorsionado a los dirigentes de la BPA. La primera ampliación de la querella afectó al exDAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, quienes ya fueron citados ante la justicia andorrana pero nunca se presentaron. La jueza ha vuelto a remitir comisiones rogatorias insistiendo en su comparecencia.

Las entidades que impulsaron la querella advierten en un comunicado que en caso de condena, «el Estado español, de forma subsidiaria, deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios materiales y morales que hayan causado a las víctimas de estos delitos. Es decir, a los ciudadanos andorranos Higini Cierco y Joan Pau Miquel», presidente y CEO de la BPA, así como a la «entidad, y a las instituciones andorranas».