Nueve vocales del CGPJ fuerzan un pleno para abordar las acusaciones de prevaricación a jueces

En el escrito enviado a Vicente Guilarte, los vocales adjuntan la declaración aprobada por la Comisión Permanente el pasado 19 de enero. En ella se consideraba «imprescindible» reafirmar que la actuación del Poder Judicial, «persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de derecho».

La Comisión Permanente entendía que manifestaciones como la de la ministra Teresa Ribera, extendiendo la sombra de lawfare sobre el juez García-Castellón, «son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho».

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Marta Martínez

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«La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos».

El órgano se limitó entonces a apelar a la «moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional» para evitar la «utilización política de la Justicia» o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces que integran el Poder Judicial.

Ayer martes la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, instó al PSOE a «combatir a los jueces prevaricadores que sincronizan la agendas judiciales con las políticas». Nogueras citó en concreto a García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el 'caso Volhov'.

«Allí no hay Marchenas, no somos terroristas, no tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido», ha recalcado Nogueras, quien ha reclamado una amnistía «integral», que no deje a nadie fuera.

Por su parte, la diputada de ERC, Pilar Valluguera, dijo que pese a que en el marco del 'procés' «no hubo ningún delito», la «ley está dotada de fuerza suficiente para no ir cambiando en función de investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican y quieren hacer naufragar esta ley».

Por su parte, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha hecho un llamamiento a los representantes públicos a no cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial. «Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder se guía por el principio de legalidad», ha dicho Guilarte durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024- 2025 de la Escuela Judicial.