Moncloa y PP se ven consolidados en sus posiciones tras la crisis con el Tribunal Constitucional

En los cuarteles generales de La Moncloa y de Génova se respira un sentimiento parecido ante una crisis que les ha enfrentado como pocas veces antes, elevando el nivel de las acusaciones en una y otra dirección, como quedó de manifiesto este mismo miércoles en el último cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Las dos partes en liza se ven consolidadas en sus posiciones y aun ganadoras, y para ello hacen lecturas distintas tanto de los sucedido como, por ejemplo, del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), conocido ayer mismo. Entre copa y copa de Navidad –las que se suceden esta semana en ministerios, sedes de partidos e incluso las que organizan los grupos parlamentarios en la sede de la soberanía nacional– unos y otros trazan su propio relato de lo sucedido.

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Los populares, con indisimulada euforia por el triunfo de su recurso ante el TC, que creen que «ha truncado la estrategia de Sánchez de hacer tabla rasa en Navidad» para comenzar el año 2023, de marcado acento electoral, con el nuevo Código Penal (con la sedición suprimida y la malversación rebajada) ya en vigor y también con esa de momento paralizada reforma exprés de la Justicia. Los populares aseguran además que de esta crisis salen tocadas varias figuras clave del Ejecutivo, pero sobre todo una: la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuya comparecencia la medianoche del pasado lunes ven como un claro síntoma de debilidad ante una estrategia que se ha desvelado equivocada.

Los populares aseguran que tras el debate de ayer se van de vacío en cuanto a la respuesta sobre si está en los planes del Gobierno conceder a ERC un referéndum, algo que planteó como interrogante Feijóo a Sánchez.

En La Moncloa, mientras, creen que los datos de este miércoles del CIS, según los cuales el PSOE mantiene una ventaja de dos puntos porcentuales en intención de voto sobre el PP, pese a retroceder otros dos puntos con respecto a los datos que el instituto público presidido por José Félix Tezanos ofreció en noviembre, son positivos.

Apuntan desde el cuartel general del Gobierno que es muy importante la fecha del estudio, cerrado el 14 de diciembre, un día antes de que el Congreso votase por primera vez la reforma de la sedición en un tenso pleno en el que los partidos de la oposición reclamaron a la presidenta, Meritxell Batet, que no aceptase la votación de las enmiendas que días después tumbó el TC. Esbozan así la tesis de que lo que el propio Sánchez definió como un «complot» de la derecha y otros socialistas como un golpe de Estado, penalizará a la derecha.

Además, y en línea con lo expresado por el propio Sánchez, aseguran que la reforma judicial se llevará a cabo por la nueva vía de la proposición de ley, aunque evitan concretar si se hará en los mismos términos de las enmiendas tumbadas, que entre otras cosas rebajaban sustancialmente las mayorías cualificadas hasta ahora para la elección del Poder Judicial.

Preguntados por esta cuestión, aluden una y otra vez a la «autonomía de los grupos parlamentarios», si bien parece evidente el ascendente sobre dos de ellos, PSOE y Unidas Podemos, de la coalición gubernamental. Los mismos grupos que presentaron la iniciativa conjunta para suprimir la sedición, apenas días después de haberlo incluso negado, como hizo el portavoz socialista, Patxi López, en una entrevista radiofónica la misma semana en que se terminó presentando la iniciativa.

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