Un registro regional controlará todos los establecimientos al por menor que trabajen con comida

En la Comunidad de Madrid, de hecho es Salud Pública la autoridad competente para el registro de estas empresas. Hasta ahora, se dedicaban a las firmas que tenían actividad con alimentos, y las de producción, elaboración, almacenamiento y distribución. Ahora, en aplicación de la normativa europea, se extenderá también a la actividad al por menor.

Ya están en marcha los trámites para poner a funcionar este registro, que permitirá iniciar estas actividades a través de una comunicación previa. La futura normativa pretende proteger mejor la salud de los consumidores, y facilitar a las autoridades sanitarias que programen los controles e inspecciones oficiales. Si se detecta alguna situación de peligro, podrá actuarse de forma rápida.

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Estos registros se van a aplicar tanto a los puestos que vendan en una ubicación fija –un establecimiento, una frutería, un puesto en un mercadillo– como a los que lo hagan en establecimientos de restauración comercial o locales utilizados como vivienda privada en los que se preparen estos artículos. Y deberá incluir también a quienes operen en relación con alimentos pero no tengan un recinto fijo: puestos que se instalan en festejos populares o de forma aislada, vehículos itinerantes tipo 'food truck', o compañías propietarias de máquinas expendedoras de productos alimenticios.

Según explica a ABC Elena Andradas, directora general de Salud Pública, en 2022 se actualizó la normativa con un real decreto estatal, a partir del cual se incluía también la actividad al por menor en este control. Lo que supondrá que los minoristas, como fruterías, pastelerías, bares, comedores de empresas y colegios, puestos de mercadillos, etc, se inscriban en el registro con una declaración responsable. Ello llevará consigo un control más preciso, y sobre temas como etiquetado, manipulación de alimentos, etcétera.

Según cálculos de la propia Andradas, unos 20.000 establecimientos se verán afectados por este registro, que entrará en vigor este mismo año. Son, más concretamente, 19.899, no incluidos actualmente pero «que se controlan también», avisa la directora general de Salud Pública. Son las concejalías de Sanidad de cada municipio las que se encargan de este seguimiento.

Una red de inspectores se dedica a identificar estos establecimientos y espacios dedicados a alimentación y controla sus condiciones. Clasifican los lugares en función del riesgo que suponen: «No es igual una pastelería, que tiene elaboración, o una empresa de más o menos tamaño»». De hecho, los controles se hacen «siguiendo esta clasificación, en función de la probabilidad de riesgo» que supongan. En el caso de los que tienen más riesgo, pueden ser sometidos a hasta dos inspecciones al año. Y los que menos tienen, pasan como mínimo una cada cinco años.

A nadie se le escapa que la producción de alimentos puede provocar riesgos para los consumidores y usuarios si no se cumplen los principios de buenas prácticas. Por este motivo, las empresas alimentarias ya están sujetas a un control de la higiene y seguridad, y las que lo hagan al por menor ahora van a tener que comunicar su actividad y quedar inscritas. Se registrarán también otras actividades relacionadas con la alimentación, como el comercio minorista de la carne y los alimentos para usos médicos especiales.

Todo se regula desde Sanidad en este sentido: desde las máquinas de 'vending', que «ya están monitorizadas y reguladas» dentro de la normativa actual, explica Andradas; hasta la venta a domicilio de alimentos. Sólo quedan fuera prácticas que por épocas pueden proliferar, como los ambulantes que venden comida desde el maletero de un coche o quien vende a las puertas de una estación de Metro. «Esto, directamente, es ilegal», recuerda Andradas.

En su opinión, los consumidores finales «pueden estar muy tranquilos, tanto con este registro como antes de que se pusiera en marcha: los inspectores hacen controles diariamente en establecimientos que hacen manipulación de alimentos». Cuando se detecta algún incumplimiento, insiste, se puede llegar hasta el cierre cautelar del establecimiento en tanto no cumpla las condiciones higiénico-sanitarias previstas.