Radiografía de la eclosión de las bandas latinas en Madrid

Los datos que han aportado ambos Cuerpos a la Delegación del Gobierno, impulsora de la operación, reflejan que, si en su inicio había 500 miembros activos en la demarcación de la Policía Nacional y 350 en la de Guardia Civil, doce meses después son 350 y y 200, respectivamente. Se ha pasado de 850 a 550. El 90% son españoles (de padres latinos, marroquíes o autóctonos) o nacionalizados.

Esas mismas cifras oficiales, a las que ha tenido acceso ABC y que la delegada, Mercedes González, dará a conocer esta tarde en el marco de la comisión en la Asamblea de Madrid que trata esta problemática, arrojan un saldo de 1.400 pandilleros arrestados en las casi 110.000 identificaciones realizadas en hasta once distritos de la capital y municipios como Alcorcón, Parla o Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. Otro dato importante son las armas incautadas, un total de 646, de las que solo una era de fuego.

En el inicio de las bandas latinas en Madrid se contabilizaba un 10% de los menores. Conforme pasaron los años, esa cantidad se duplicó. Luego, antes de la pandemia, el porcentaje subió al 32%. La evidente eclosión de la actividad y las numerosísimas identificaciones realizadas hasta el momento sitúan en alrededor del 40% a esos integrantes.

Se ha multiplicado por cuatro la cifra, y también es cierto que ha bajado la edad de inicio de adhesión a estos grupos, de manera muy alarmante: hay casos de niños de 11 y 12 años que son captados por los mayores de edad, sobre todo, a través de redes sociales y del ámbito escolar. De ahí que en el anterior curso completo, el 2021-2022, se hayan cuadruplicado las charlas de agentes en los centros educativos.

Atendiendo al criterio policial, en 2022 llevamos cuatro homicidios que los investigadores enmarcan bajo el epígrafe de bandas juveniles: «Son aquellos en los que participan dos grupos antagónicos, normalmente por el control de un territorio o de la venta de drogas, así como por venganzas de rencillas anteriores», detalla un mando a ABC.

Se trata de los ocurridos el 1 de enero en la calle de Sáhara (Villaverde); los dos asesinatos de la madrugada del 5 de febrero, en Atocha y Usera, y que fueron los que impulsaron el dispositivo que sigue en marcha; y la 'vendetta', el 27 de abril, contra uno de los sospechosos del cometido en el centro aquella jornada sangrienta de febrero, en la calle de Alcocer, también en Villaverde.

Los seis arrestados eran menores y los expertos tienen claro que fueron utilizados, como en otras tantas 'caídas', por los adultos de la organización, a modo de sicarios, tanto para avalar su pertenencia a la banda como porque su responsabilidad penal es mucho menor.

Fuera de ese capítulo quedan el asesinato a tiros, a la salida de un concierto en Fuenlabrada, del 3 de octubre, que sigue bajo investigación (la motivación final fue otra), y la muerte de un venezolano cercano a los Blood la noche anterior, en Alcorcón, por insinuarse a una chica y que fue ejecutado, entre otros, por un Trinitario.

Las muertes, lógicamente, son los sucesos más graves. Pero en lo que llevamos de año se han producido al menos 37 ataques de estos grupos, ya sea entre sí o a terceros (normalmente, por atracos, como el ocurrido la misma noche de ayer, con dos menores heridos en un intento de robo de un móvil, y que se investiga si fueron bandas).

Trinitarios, Dominican Don't Play (DDP) y, en menor medida, los Blood, son los involucrados; aunque de manera más minoritaria persisten los Latin Kings y los Ñetas, las primeras de estas organizaciones implantadas en España, hace dos décadas. En estos 37 sucesos, según el recuento de este periódico, el saldo de heridos alcanza los sesenta, muchos de ellos, menores de edad.

Mercedes González, delegada del Gobierno, califica de «espectaculares los resultados de este primer año» de trabajo: «Estamos hablando de 500 policías nacionales que llevan dejándose la vida un año. Solo tengo palabras de agradecimiento a su tenacidad, a cómo lo están haciendo. En cuanto a la Guardia Civil, empezamos con 300 agentes, aunque es un fenómeno mucho más urbano. Se concentra en determinados distritos y municipios grandes«. Afirma que existen cinco bandas menos que antes y que ha llegado a haber nueve municipios bajo control, de los que cinco siguen en el plan especial, »y en dos de ellos no hay ninguna actividad, solo presencia de ellas«. Su compromiso es que »el dispositivo ha llegado para quedarse« y que no lo retirará »hasta que no se acabe con la actividad de estos grupos«.

Eso sí, reconoce que «no todo puede quedarse en actividad policial». «Lo que se hace es taponar los boquetes de las heridas, pero es una enfermedad social. Los menores son muy jugosos para las bandas, una pieza muy codiciada para ellas. Hay que hacer un análisis de lo que ocurrió durante la pandemia, en el confinamiento, en el mundo digital en el que viven. Hay que replantearlo desde un punto de vista cultural y social, saber qué ocio queremos dar a estos jóvenes. Las Administraciones que tienen las competencias, básicamente la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que es un transatlántico, tienen que hacer un plan especial«, insiste.

González reconoce los delitos, que siguen actuando pese a las detenciones y la labor represiva, pero cree que «hay que actuar desde el punto de vista de los servicios sociales, el ocio, la educación y la cultura». «La realidad continúa, estos chavales consideran que pertenecer a estas bandas mola y tienen problemas en sus familias de estructura, de cariño, de afectos. Y encuentran esa nueva familia en esas bandas», analiza para ABC la delegada del Gobierno.

El consejero de Justicia e Interior, el magistrado Enrique López, reconoce que «hay un aumento de la actividad delictiva de estas organizaciones criminales en Madrid y en otras ciudades de España». «Saltaron las alarmas» con los asesinatos de febrero: «Le pedí a la delegada del Gobierno que hiciera un plan específico de vigilancia y represión de estas bandas juveniles. Se puso más presencia policial en la calle y han crecido las detenciones». Detalla que «actúan en zonas de influencia muy focalizadas, con una actividad de tráfico de drogas y control del territorio».

«Cuentan con una estructura muy jerarquizada y con un alto grado de cohesión y de fidelidad de sus integrantes. Destaco el plan, que es positivo actual y el aumento de los recursos policiales también, pero hay que seguir aumentándolos, especialmente en aquellas unidades especializadas», prosigue.

También considera que deben ser más «las zonas de control, permeándolas, utilizando la inteligencia policial, conociendo quiénes dirigen estas bandas». Para ello, apuesta por «aumentar los cacheos, que son fundamentales, y para ello hay que paralizar la reforma de la Ley de Seguridad de Ciudadana, que limita esta actividad policial de control. La Policía necesita mayor capacidad de actuación«.

Le preocupan, y mucho, las armas blancas que portan, por lo que ve imprescindible «una reforma legal que endurezca la posesión de estas armas blancas, considerándolas prohibidas en determinadas zonas, como portarlas en la calle, en un ámbito urbano y llevarlo al Código Penal». Así, se aumentarían las penas y no quedaría como una mera infracción administrativa. «Para ello, hay que delimitar el tipo de armas en el reglamento, con un numero de serie y características. Además, es necesario agravar las penas a los mayores de edad que utilizan a menores, como ocurre con otros delitos. Cada vez ingresa gente más joven y se aprecia mayor violencia. Tienen un elemento funcional (comisión de delitos y control de espacios urbanos) y emocional (dar a un joven sin arraigo social y familiar un sentimiento de pertenencia y protección)«.

La Comunidad trabaja en la prevención con los agentes tutores de las policías locales en los centros educativos, con la detección también de los profesores, alertando a las familias. «También —añade López— hay una gran relación entre el ingreso en estas bandas y el consumo y venta de drogas, y para ello hemos puesto unidades caninas a disposición de estos agentes. Hay que pedir a una parte del Gobierno de España que deje de banalizar con el consumo de drogas, especialmente con las mal llamadas drogas blandas».

Para considerar a alguien miembro de una organización criminal, recuerda que «la prueba de inteligencia es fundamental, por eso la Policía está haciendo un gran esfuerzo, acreditándolo con datos inequívocos«: »Los jueces tienen que basarse en pruebas, y no en presunciones en contra del reo«.