Nadie quiere construir la Ciudad de la Justicia: el concurso para edificar las nuevas sedes queda desierto

Desde el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso explican que «la Comunidad de Madrid empleará los cauces legales establecidos para este tipo de circunstancias». Esto significa que, a partir de ahora, van a invitar a las «empresas con solvencia económica para que concurran, en las mismas condiciones que hasta ahora, ya que la ley permite poner en marcha este mecanismo siempre y cuando haya tres ofertas sobre la mesa».

Conforme a la ley que regula la contratación pública en los casos en los que queda desierto un concurso público –explican desde el Gobierno regional–, «la norma prevé la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento negociado, siempre y cuando las condiciones esenciales del contrato no sean alteradas, como, por ejemplo, el presupuesto base de licitación».

Podrán invitar a participar a un mínimo de tres empresas que tengan la solvencia necesaria para acometer las obras en las condiciones en que se licitan. No obstante, fuentes de la consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Enrique López, adelantaron a ABC que tienen previsto «invitar al mayor número posible de empresas» a que participen. Se podrán «revisar algunas condiciones», pero en todo caso, señalan, los «pilares del pliego no se tocan», lo que incluye el tope de 2.100 millones de euros de la operación.

«El Gobierno regional mantiene su voluntad de reagrupar todos los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único enclave con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la Administración de Justicia, lo que redundará en un beneficio para las arcas regionales», añaden las mismas fuentes, que especifican que »en los próximos días se iniciarán los trámites legales pertinentes« que permitan seguir avanzando en este proyecto.

Desde la Consejería de Justicia esgrimen como posibles razones para la falta de interés de las empresas en este macroproyecto los «condicionantes» actuales de la economía, el encarecimiento de precios de los materiales y las fuentes de energía, y también la «incertidumbre mundial», que puede haber frenado el interés por una iniciativa de la envergadura de esta.

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La licitación para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia se publicó el pasado 20 de julio. El complejo concentrará en Valdebebas los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler.

La fórmula elegida para la Ciudad de la Justicia por el Gobierno regional consiste en una concesión por un plazo máximo de 40 años y la adjudicataria tendrá que encargarse de la construcción de en torno a 18 edificios, de entre 3 y 9 alturas –375.000 metros cuadrados en total–, que albergarán las sedes judiciales de la capital. Según el informe de viabilidad, esto está presupuesto en unos 507 millones de euros. La empresa interesada recibiría anualmente un canon de 50 millones de euros pagado por el Gobierno regional.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) interpuso en agosto un recurso contra los pliegos de la licitación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en base a que según su criterio, incumplía la Ley de Calidad de la Arquitectura, recién aprobada, y por eso solicitó la suspensión e instó a convocar un concurso abierto de proyecto arquitectónico. El tribunal lo desestimó.

Dos meses después, en octubre, el Gobierno regional decidió ampliar en 21 días naturales el plazo de concurrencia para las empresas hasta el 10 de noviembre. Este jueves, la fecha venció sin interesados, un extremo que el Ejecutivo achaca a «la situación de inseguridad mundial y la subida de precios de materiales», además de a la enorme complejidad de ejecución.

Este es el tercer intento que se lleva a cabo para llevar adelante la reunificación de sedes judiciales en Madrid. El primero fue el megaproyecto de Campus de la Justicia que puso en marcha Esperanza Aguirre en el año 2005, con grandes nombres de la arquitectura firmando los proyectos de cada edificio. A este le siguió una versión algo menos grandiosa, pero también con inversiones colosales, que intentó desarrollar el presidente Ignacio González .

Pero bajo la presidencia de Cristina Cifuentes, y tras conocerse informes demoledores de la Cámara de Cuentas sobre estos proyectos, el Gobierno regional trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia por posibles «irregularidades» en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia durante la época de Esperanza Aguirre. Se basaba en los incumplimientos «sistemáticos» de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad en los ejercicios entre 2005 y 2015.

Además, previamente ya había decidido y anunciado que no seguiría adelante con el proyecto de Ciudad de la Justicia de Ignacio González, y desistió del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión de obra pública. Un asunto que recurrieron las empresas perjudicadas y que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM, dándole la razón al Gobierno regional y manteniendo en suspenso la concesión del proyecto.

Bajo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, se ha intentado por tercera vez llevar a cabo el proyecto, en Valdebebas y mediante un sistema por el que el adjudicatario construía y se ocupaba luego del mantenimiento a cambio de un canon anual. Ninguna empresa se ha mostrado dispuesta a entrar en el proyecto. Ahora se verá si el Ejecutivo consigue convencerlas mediante la invitación directa a participar.