Madrid amplía el plazo de presentación de ofertas en el proyecto de la Ciudad de la Justicia hasta el 10 de noviembre

El plazo de presentación de ofertas expiraba este jueves y ahora los concurrentes podrán presentar ofertas hasta el próximo 10 de noviembre, según ha informado el Gobierno regional. El valor estimado del contrato será de 2.847.986.667,47 euros.

Aprovechando esta ampliación, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior publicará en el Perfil del Contratante una serie de aclaraciones que contribuyan a despejar dudas que se han planteado a lo largo del proceso iniciado el pasado mes de julio.

Noticia Relacionada

El TACP desestima el recurso del COAM para paralizar el proyecto de la Ciudad de la Justicia

Sara Medialdea

El tribunal entiende que la principal pretensión de los arquitectos que era que se realizase un concurso «no es en ningún caso obligatorio»

Entre los motivos para ampliar el plazo, destaca que se trata de un proyecto de una enorme complejidad en una situación económica muy complicada que hace muy difícil la elaboración de un programa económico por parte de las empresas que se quieran incorporar a la oferta.

Precisamente, la Administración, con sus aclaraciones, quiere ofrecer una mayor evidencia y seguridad sobre las cláusulas de los pliegos.

Durante estas semanas, la Comunidad ha recibido numerosas peticiones de las empresas para tener más tiempo para preparar sus ofertas. De hecho, así lo han trasladado, tanto la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN) como la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).

Una de las consultas más recurrentes hace referencia a la baja sobre el presupuesto base de licitación. En consecuencia, se publicarán en el Perfil del Contratante aclaraciones relativas al comportamiento de la tarifa a lo largo de los 40 años de vida de la concesión para que el licitante pueda presentar una oferta con una mayor seguridad, todo ello siempre dentro del presupuesto base de licitación acordado en Consejo de Gobierno.

Este aspecto junto con la accesibilidad o la eficiencia energética son de los puntos más destacados a la hora de adjudicar el proyecto.

Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21x21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.

La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.

Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.

El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas para cualquier persona que tenga una discapacidad. Se trata de uno de los objetivos del Plan Justicia 21x21 de modernización y humanización de las infraestructuras judiciales.

También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración.