El edificio, propiedad de un particular, fue alquilado por un intermediario que lo subarrendó a un numeroso grupo de mujeres para que lo utilizaran de burdel. Ellas se consideran víctimas de la situación puesto que algunas han pagado importantes cantidades de dinero en concepto de fianza y alquiler, mientras que el intermediario que les alquiló el lugar no ha hecho frente a los pagos con el dueño.
El propietario del edificio mantiene que, por contrato, el uso de los pisos debía ser destinado a alojamientos turísticos. Además, el intermediario, un hotelero de la provincia de Cuenca, le debe unos 100.000 euros y se plantea denunciarlo por estafa.
Largo recorrido
La empresa de desokupación ha expresado su intención de abrir una línea de negociación con las prostitutas para buscar una solución que permita resolver la situación de forma pacífica. Por el momento, las mujeres alegan que están siendo sometidas a coacciones.
No es la primera vez que se produce un desalojo en este edificio. Hace cuatro años, la misma empresa tuvo que intervenir para sacar a las prostitutas que trabajaban allí. En ese momento, ya existía una orden de lanzamiento contra ellas pero el dueño del edificio llegó a un acuerdo económico para buscarles otro lugar donde ejercer su actividad.
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