Plaga de candados 'inteligentes' en la «selva» madrileña de los pisos turísticos

Basta una búsqueda en Airbnb (el buscador por antonomasia) para observar la ristra de apartamentos, de toda clase y condición, que se ofrecen en la ciudad de Madrid. Pisos enteros, habitaciones privadas o compartidas, por encima de los mil anuncios si se criba por llegada autónoma. Así, no es casualidad que la aparición en 2018 de las primeras cajas-candado en lugares tan variopintos como papeleras, bancos y otros elementos del mobiliario urbano, tuberías del gas o dentro del enrejado de portales y ventanas bajas, se haya vuelto a hacer visible superada la pandemia. A ello se unen ahora los códigos de acceso, instalados debajo de los telefonillos y en las entradas de algunas casas, a imagen y semejanza de aquellos hoteles que no disponen de recepción 24 horas.

Pero el problema, recuerdan los afectados, «es que no son hoteles». «Llevan años metiendo una actividad empresarial sin control en edificios residenciales. Es una selva», expone la portavoz de la coordinadora vecinal de Madrid Centro, Leticia García. La asociación que antes de la llegada del Covid y el consecuente vacío de huéspedes impulsó el 'Comando Loctite', un movimiento espontáneo que sirvió para vandalizar (y visibilizar) buena parte de estos dispositivos, pone el foco en la inacción de las administraciones. «Las denuncias que se presentan en la Agencia de Actividades (ADA) quedan ahí, en un cajón, y nadie hace absolutamente nada».

Noticia Relacionada

La gran metamorfosis de Montera: de cuna de la prostitución a calle cinco estrellas

Carlota Barcala

La céntrica vía acoge el desembarco de dos grandes hoteles de lujo, en solo cinco meses, y la apertura de tiendas en locales que llevaban años en desuso

Desde el Área de Desarrollo Urbano, que dirige el concejal Mariano Fuentes (Cs), informan a este diario que en 2022 la ADA inspeccionó 3.282 viviendas, de las cuales se verificaron que 286 se dedicaban a uso turístico. «Se han dictado 149 órdenes de cese de la actividad y se han iniciado 256 expedientes para el restablecimiento de la legalidad urbanística», añaden las mismas fuentes, en alusión a los procesos actualmente abiertos. El ayuntamiento ha impuesto, además, 105 multas coercitivas a pisos que han incumplido las citadas órdenes de cese de forma reiterada. «Estas sanciones tienen un efecto disuasorio y 75 alojamientos han abandonado la actividad».

Unas cifras que distan mucho de las manejadas por la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de Las Letras, el enclave más saturado del viejo Madrid. «Tenemos contabilizadas casi 2.000 viviendas en el entorno, y alrededor de 1.700 de ellas están denunciadas ante la Comunidad de Madrid (Dirección General de Turismo) y el Ayuntamiento de Madrid (Agencia de Actividades)», sostiene su presidente, Víctor Rey. Molestias al margen, «esto es un incumplimiento flagrante, que los propios responsables de evitarlo han reconocido».

Pese a que en Urbanismo recuerdan que «se está empezando con otros expedientes sancionadores (que pueden ascender a 30.000 euros) a pisos del distrito Centro por infracción urbanística tipificada en la Ley del Suelo», lo cierto es que el traqueteo de maletas a la entrada y salida de portales es constante. «Son los vecinos los que nos facilitan los datos para que podamos hacer las comprobaciones pertinentes antes de iniciar cualquier actuación», añade Rey, consciente de la confusión generada entre los alquileres turísticos o de corta duración. En estos últimos, la Ley de Arrendamientos Urbanos estipula periodos mínimos de un año, «por lo que si estos fueran de menor tiempo quedarían en una situación de alegalidad, pero no entrarían en la primera categoría, donde sí se da una clara ilegalidad».

En algunos casos, la imposibilidad de convertir un edificio de catalogación residencial en hospedaje ha motivado la aparición de 'hoteles' ilegales y encubiertos. Inmuebles en las calles de Carretas, Costanilla de los Desamparados, Echegaray… y así hasta 43 bloques en el entorno de Sol y Letras, en los que el vecindario es un elemento en vías de extinción. De entre todos ellos, con denuncias aún en curso, emerge uno elevado a símbolo victorioso de la larga y compleja batalla vecinal: se trata del número 15 de la calle del Príncipe, despojado de hasta 42 apartamentos vacacionales ofertados por una sola inmobiliaria.

«El caso de Príncipe nos costó tres años, pero una vez que se resolvió el primero en los tribunales, los demás han ido cayendo en cascada», advierte Rey. Como denunció entonces ABC, de los 49 pisos que alberga el inmueble, 42 pasaron en 2016 a ser apartamentos turísticos; al menos, hasta que en 2018 la Agencia de Actividades ordenó su cierre inmediato. Un dictamen que, lejos de respetarse, siguió incumpliéndose los 365 días del año.

Las fiestas, el consumo de alcohol o la presencia de 'hooligans' cada vez que un equipo de fútbol inglés aterrizaba en Madrid evidenciaban la falta de control de un negocio que traía de cabeza al reducido grupo de moradores. Una lucha que tras varios vaivenes llegaba a buen puerto, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimase el recurso de apelación presentado por el anterior consistorio, liderado por Manuela Carmena, tras ser instado a incoar expediente sobre los 42 apartamentos turísticos.

Tres años después, la convivencia en el interior es diametralmente opuesta. «Puede que algún vecino alquile a título individual, pero aquello no lo hemos vuelto a ver», cuenta uno de los pocos residentes que soportó entonces la polémica plaga. Es él quien remarca de nuevo la labor de la asociación de Sol y Barrio de Las Letras, enfocada también en denunciar la falta de inspectores de la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid; y el, a su juicio, pésimo plan del exconcejal José Manuel Calvo: «Estamos pagando las consecuencia porque muchos edificios se transformaron. Aunque aquella chapuza no abarca el aumento de viviendas particulares, que también está desmadrado».