La nueva Ley de Suelo propone usos flexibles y reducir cargas

También se ha reunido con los empresarios, a los que les ha expuesto las líneas generales de lo que quiere que sea la nueva ley. «Quiero el mayor consenso posible y sacarlo adelante» , asegura. Afirma además que su colaboración «es fundamental»: «Debemos ir de la mano para impulsar el desarrollo económico compatibilizando el uso eficiente de los recursos naturales con la creación de riqueza y empleo».

Lo primero que debe hacer la nueva norma es «responder a las necesidades el mercado» y a las nuevas demandas, como el «coworking». En segundo lugar, que otorgue certeza al propietario, «eliminando la discrecionalidad». La actual ley en vigor , señala, «no se ha adecuado a la ley estatal» y por eso es tan importante que «no haya diferentes interpretaciones». Promete una ley «más flexible», donde «se trata de dar más autonomía a los privados y a los ayuntamientos, para que éstos últimos puedan dar determinadas licencias».

«Queremos poner suelo en el mercado»; eso traería aparejado abaratamiento de precios, señala la consejera. «Los inversores tienen mucho interés en Madrid. Debemos seguir generando oportunidades, porque la inversión supone más riqueza», añade.

La Ley de Suelo regional en vigor, de 2001, no responde a las nuevas necesidades, aseguran en la consejería, y es necesario adaptarla a la legislación estatal . Para hacer el modelo más simple y atractivo a los inversores, se estudia la posibilidad de eliminar la clasificación del suelo. Se intentará promover la liberalización del suelo, tanto reduciendo como eliminando cargas.

Otro objetivo es eliminar trámites innecesarios y acortar plazos, lo que ayudará a los inversores privados y será útil para las administraciones locales, que podrán agilizar la aprobación de los instrumentos de planeamiento. Medio Ambiente defiende que la actual legislación ha establecido una norma excesivamente rígida , que «en ocasiones requiere una modificación del planeamiento para conseguir un simple cambio de uso».

También se prevé facilitar a los pequeños ayuntamientos la tramitación de su planeamiento urbanístico: se estudiarán normas o figuras que ayuden a simplificar el proceso. El respeto a la propiedad privada y la oposición a «un excesivo intervencionismo» –como «el de la actual legislación»– es otra de las líneas rojas. Se pretende que la ley añada elementos que proporcionen certezas al propietario y eliminen arbitrariedades. «De esa manera, añaden desde la consejería, ayudamos a reducir las posibilidades de las indeseadas actuaciones corruptas, tan ligadas históricamente al urbanismo». Martín, partidaria de compatibilizar los recursos naturales con el desarrollo económico y la creación de empleo, cree que con la nueva norma el equilibrio «estará garantizado».