Pandemia okupa en la madriguera de lujo del asesino de Sandra Palo

La madrugada del 19 de enero, cinco furgones de la unidad de élite del Cuerpo Nacional irrumpieron en la parte del bloque totalmente tomada por los usurpadores. Allí detuvieron a seis hombres y tres mujeres por secuestrar a dos miembros del clan de los Gabarre y exigir el pago de 90.000 euros a los familiares para su liberación. La banda, liderada por Ramón, había aprovechado una supuesta cita de compra-venta de un coche en Puente de Vallecas, acordada dos días antes, para introducir a sus víctimas a punta de pistola en el maletero y trasladarlas hasta el inmueble okupado.

En esas 48 horas, los retenidos fueron golpeados en un espacio donde los agentes encontraron 16.000 euros en efectivo y una escopeta de repetición. «Se pusieron cinco furgones allí, pero no sabíamos el motivo, aquí la Policía viene cada dos por tres», quien habla es Javier, uno de los residentes del único portal en parte a salvo de la quema. En esa comunidad hace ya año y medio que cortaron la luz, casilla de salida de su particular calvario. Los afectados denunciaron entonces que detrás de sus casas estaba Rafael Gómez Arribas, el dueño del malogrado aeropuerto de Ciudad Real y un fijo en la lista de grandes morosos de Hacienda durante los últimos años. De nada sirvió.

Fue en septiembre de 2022, tres meses después de que 'Aragón Suites' se convirtiera en 'Apagón Suites', cuando llegaron las pancartas de protesta, las promesas incumplidas de la propiedad y hasta un correo masivo en el que se comunicaba a los inquilinos que de un día para otro debían abandonar sus casas: en esa época, el Ministerio de Haciendo había comenzado a embargar apartamentos y el polémico empresario optó por borrarse del mapa. «Los que construyeron el edificio pidieron una licencia de luz de obra y ya no la cambiaron», relata Javier, convencido de que aquella estratagema fue la causa del sorpresivo apagón. Antes de desentenderse del todo, los administradores mandaron instalar un generador que apenas duró tres meses. «La empresa que lo puso vino a recogerlo porque tampoco lo pagaban», recuerda otra moradora.

A oscuras, tuvieron que recurrir a velas y linternas, y después costearse sus generadores particulares. En esas tesitura, muchos vecinos se acabaron marchando, algunos se quedaron y otros, como el propio Javier, entraron a vivir por motivos dispares. «Mi jefe me pidió que viniera a vivir a su piso para que no se lo okupen», explica, testigo de la grave situación extendida desde hace un año. Hasta el 'Aragon Suites' empezaron a llegar también decenas de okupas, que poco a poco fueron colonizando la finca. Pero no solo eso, al calor de la impunidad emergieron rateros que arramplaron con todo el cableado (por el cobre), las ventanas (por el aluminio) y cualquier material con el que sacar un dinero en la chatarrería.

A día de hoy, la alarmante situación es tal que el bloque de los inquilinos 'legales' mantiene prohibida la entrada al resto por su patio. «Aunque luego hacen lo que les da la gana y por eso está la valla medio caída», subrayan. Detrás del aparente buen estado de estos primeros pisos, la ruina se extiende por todo el perímetro, con paredes y falsos techos desprendidos, muebles y elementos de hogar reventados y una ristra de murales y pintadas tras el paso de los grafiteros. Por si fuera poco, dentro del garaje (anegado en su día por las aguas fecales) se han reportado robos y ya nadie lo utiliza.

A ello se suman los casos de realquiler de casas destrozadas, que algunas personas estarían cobrando a otras por usurparlas, y los intentos de engancharse ilegalmente a la luz de los hoteles colindantes. Una postal, en definitiva, de esta urbanización fallida a la que muchos acuden por necesidad al encontrarse en situación de calle. A la entrada del último bloque, el mismo donde el GEO puso fin al secuestro por parte de Ramón y los suyos, tres jóvenes saludan educados. Uno de ellos, con evidentes problemas de drogadicción, pregunta por un desguace de dudosa reputación al otro lado de la A-2. «Os doy 10 euros si me lleváis», asegura, antes de perderse por el lateral tras no recibir una respuesta afirmativa.

Mientras, varios jóvenes, hombres y mujeres, observan desde sus terrazas sin saber muy bien el motivo de la visita. Casi todos se meten de nuevo a las viviendas al ser advertidos de que el edificio va a ser fotografiado. Ninguno de los consultados afirma conocer lo que pasó el día de la detención del asesino de Sandra Palo; de hecho, ni siquiera saben quien es ella. Entre cristales rotos, azulejos caídos y otros objetos pesados, malviven familias con hijos e inmigrantes sin recursos (latinoamericanos y africanos, principalmente), que aterrizan por el boca a boca en una zona donde los aviones de Barajas se pueden casi acariciar con la yema de los dedos.

Harto de los problemas, Javier tiene claro que no aguantará mucho. «En cuanto me vaya seguro que lo okupan. Tenemos las ventanas taponadas para que no entren», confiesa, viva imagen de una plaga que no deja de avanzar. Los cerca de cuarenta vecinos, que aún poseen los contratos antiguos (que pagaban en metálico por petición de los administradores y que dejaron de hacerlo cuando estos desaparecieron), están en permanente contacto a través de un grupo de WhatsApp: «Si vemos cualquier cosa rara, enseguida nos avisamos». Es el último bastión de aquello que una vez fue su hogar.