La oposición regional utiliza las residencias como arma electoral

La ofensiva se inició al comienzo del periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid, en el pleno del pasado día 6, impulsada por Vox, que presentó una petición para la creación de una comisión de estudio sobre las residencias. A ello se sumó otra solicitud de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) para constituir una comisión de investigación sobre los fallecimientos producidos durante la pandemia.

Aunque la formación de Abascal terminó por retirar su comisión, tras el peligro de sumar fuerzas con la izquierda, como le reprochó el Partido Popular, el debate continúa abierto porque las formaciones de izquierda, tras rechazar la Mesa la comisión de investigación en su reunión del lunes, por cuestiones técnicas, han anunciado que seguirán exigiendo explicaciones.

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Esta ofensiva política, además, llegará a Europa, ya que el Grupo Socialista está dispuesto a canalizar las reivindicaciones de las distintas plataformas de familiares de fallecidos de las residencias. Para ello, se reunirá para ayudarles a presentar sus reivindicaciones ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Esta semana, la actividad parlamentaria también estará marcada por las residencias, como se reflejó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces. En esta ocasión, el motivo para la denuncia ha sido la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y la huelga indefinida del servicio de Urgencias de Atención Rural. Además, toda la oposición ha puesto en el punto de mira la gestión de la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño.

El fuego contra Ayuso lo abrió la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, que calificó de «auténtico cachondeo y una tomadura de pelo», además «de un caos», lo que sucede en las urgencias de Madrid.

Le siguió la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que aseguró que el Partido Popular «tiene un problema de gestión, tiene que resolverlo, porque está afectando a muchos madrileños», y recriminó a Ayuso que «está prohibido hablar de residencias» en la Asamblea. Se refería a su petición de constituir una comisión de estudios sobre las residencias, que posteriormente retiró, justificándolo en que no hay «madurez» en los grupos parlamentarios para debatir sobre esta cuestión.

Vox presentó esta solicitud coincidiendo con la negociación presupuestaria, meses después de que la Mesa de la Cámara la calificará. La iniciativa había quedado congelada y la formación de Abascal la activó al inicio de este periodo de sesiones. Ayuso le recriminó su alianza con la izquierda y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, llegó a denunciar la «falta de humanidad» de los populares y el «rencor» de la izquierda.

La vuelta de tuerca de la investigación sobre las residencias la ha dado el portavoz socialista, Juan Lobato, al anunciar que mantendrá una reunión con las plataformas de las asociaciones de familiares para ayudarlas a llevar a la Cámara europea sus reivindicaciones. Por un lado, solicitarán que se analice lo sucedido durante la pandemia y, por otro, la situación actual. A juicio de Lobato, el «problema de la salud pública es Isabel Díaz Ayuso», afirmando que «hacen falta gestores, no guionistas de ruedas de prensa». Finalmente, Mónica García, denunció la «grave indolencia, la mala gestión y la incompetencia» de la Consejería de Sanidad.

Los populares se defendieron de los ataques señalando, a través del portavoz Pedro Muñoz Abrines, que la dimisión de la responsable de Atención Primaria se debe a un «problema exclusivamente personal» y a un «problema de salud muy grave. Todo el mundo tiene derecho a tener problemas». El representante popular admitió los problemas de la Sanidad, pero afirmó que «no es exclusivo de la Comunidad de Madrid sino del Sistema Nacional de Salud».