Línea directa para evitar la okupación: «Buenos días, hay gente extraña en casa»

El número (900 205112) estará activo de 7.30 a 23.30 horas por dos operadores y un policía (solo en la franja matutina), a la espera de añadir próximamente un turno de noche. Pese a no estar anunciada, en las dos semanas previas a su presentación la línea ha recibido 150 llamadas, 20 de ellas por temas exclusivos de okupación. Ayer, un policía local de uno de los 4 ayuntamientos que han cedido agentes para desempeñar esta tarea fue el encargado de mostrar a las autoridades y medios el nuevo sistema:

–Buenos días.

–Estoy en Arganda del Rey, en la calle Lillo, número 3, y estoy viendo a gente que está moviéndose, gente extraña, y están en una casa que yo pensaba que estaba desocupada.

–Dígame su nombre si es tan amable, por favor.

–Sí, Antonio Ruiz.

–Calle Lillo, ¿verdad?

–Sí, calle Lillo, número 3. Y es que esa casa estaba desocupada y ahora estoy viendo a gente que además entra por las ventanas.

–Perfecto, pues vamos a hacer una cosa, activamos a la Policía Local de Arganda del Rey y verificamos a través del Colegio de Registradores de la Propiedad la titularidad de la vivienda para facilitar la dotación policial que se acerque hasta allí, para que pueda verificar si corresponde o no con los propietarios actuales. ¿Le parece bien?

–Muy bien.

Una vez terminada la llamada, será el tiempo el que determine la forma de proceder: si la usurpación se ha producido en las primeras 48 horas, los agentes telefónicos del centro de Coordinación Municipal (Cecom), la herramienta de coordinación entre la Administración regional y los consistorios que integra el servicio, realizarán un primer análisis de la situación a fin de valorar si se dan las circunstancias necesarias para derivar el caso al 112, de tal forma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales puedan actuar de inmediato.

Para ello, los uniformados llevarán a cabo una calificación jurídica, a excepción de los expedientes más complejos, que podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda que también participan en este programa. Si la intervención policial no es posible, los afectados pasarían a recibir ayuda a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser consideradas ahora las okupaciones como tales. Además, recibirán asistencia jurídica para conocer las posibilidades que tienen los legítimos dueños a la hora de defender su propiedad en los tribunales.

El consejero López cumple así con el encargo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tres años después de lanzar la promesa electoral. «La Comunidad de Madrid da un paso al frente, diciendo no, alto y claro a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. Lo hacemos acorde a nuestro marco competencial y con pleno respeto a la legalidad vigente», remarcaba ayer el propio López, con la certeza de taponar el último resquicio de los usurpadores. «Contamos con un protocolo social de actuaciones en procedimientos de desalojo», añadía, consciente de que una de las condiciones que aprovechan para impedir la obtención de autorización judicial es la presencia de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, principalmente menores.

Cabe recordar que este servicio se centra sobre todo en las entradas ilegales sin ningún título habilitante, es decir, algunas okupaciones directas (las conocidas como 'patada en la puerta') e indirectas (entrar a una casa vacía o propiedad de un banco). Quedan fuera, por tanto, las inquiokupaciones (personas que arriendan una vivienda y dejan luego de pagar).

«Vemos positivo que por primera vez nos den la consideración de víctimas», señalaba ayer a ABC el portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo. Este colectivo lleva tiempo observando que apenas hay allanamientos, por lo que las entradas en pisos vacíos es uno de los focos a combatir. «Hay pequeñas medidas que favorecen mucho los problemas iniciales, pero echamos de menos la inquiokupación», proseguía, sin dejar de recordar que «todo esto son parches por el mal desarrollo de decreto del escudo social».