La guerra por la electricidad, un nuevo choque entre Ayuso y Sánchez tras una larga lista de batallas en los tribunales

La última de todas, hasta la fecha, es el recurso interpuesto en noviembre de 2023 ante el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tajo. La presidenta madrileña indicó que le parecía un «boicot» al sistema de abastecimiento de agua de Madrid, «para que esta región se rinda por sed». También en este caso se plantearon previamente alegaciones al plan, que fueron desestimadas, por lo que se decidió acudir a los tribunales y pedir la nulidad de varias normas.

Unos meses antes, en julio, el Gobierno regional, con el respaldo de su Abogacía General, decidió plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno central. El Ejecutivo madrileño entiende que varios de los artículos de esta nueva norma invaden competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía madrileño.

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Concretamente, en la Real Casa de Correos entienden que tienen argumentos para sostener la inconstitucionalidad de hasta 11 apartados de 8 artículos de esta Ley de Vivienda, y de una de las disposiciones finales relativas a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Puntos como la normativa sobre protección pública o la definición de las zonas de mercado residencial tensionado son de los que más rechazo han generado en el Gobierno madrileño. El recurso fue admitido a trámite, pero al Ejecutivo de Díaz Ayuso no le consta que haya habido resolución al respecto.

En enero de 2023, el Gobierno madrileño recurrió ante el Tribunal Supremo el Real Decreto de Bachillerato que había aprobado el Gobierno central, porque detectaba en él «falta de contenidos o saberes esenciales y una elevada carga ideológica en el texto». El asunto fue archivado.

Otro choque que acabó en los tribunales fue el relativo al reparto, «aleatorio» según Madrid, de 9 millones de euros de fondos europeos, que fueron denunciados ante el Tribunal Supremo. El dinero, subvenciones en materia de empleo, fue a parar a cuatro regiones: País Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana y Extremadura. Aún se espera resolución sobre este tema.

Aún hay un asunto judicial pendiente: la denuncia que hizo Madrid de las entregas a cuenta de 2019, donde la autonomía reclamaba 54 millones de euros que le habían abonado de menos, y lo recurrió ante la Audiencia Nacional. Este asunto espera aclaración de la Justicia desde marzo del año 2020.