La Justicia avala que la Comunidad continúe las obras del centro de menas en Fuenlabrada, al que se opone su alcalde

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha acordado la medida cautelarísima que había solicitado la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para suspender la ejecución del decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que buscaba la paralización de las obras del nuevo centro de menores La Cantueña.

Este complejo permitirá la creación de 100 nuevas plazas para reducir la tensión de la red de centros de menores regional generada por la crisis migratoria «que no ha sabido gestionar el Gobierno central», según fuentes de la Consejería de Familia.

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Mariano Calleja

El Gobierno regional anunció en abril la construcción de un nuevo centro de acogida para menores inmigrantes no acompañados. Lo vinculó a la llegada descontrolada de personas a España, de forma irregular, por Canarias, muchos de ellos menores que son enviados a Madrid. Aseguran en la Comunidad que en lo que va de año han recibido ya a más de 1.000 menores por esta vía, más que en todo el año pasado.

Esta situación incrementa considerablemente la demanda de atención para estos jóvenes, una competencia asignada a la Comunidad de Madrid. Para cumplir con ella, el Gobierno de Díaz Ayuso decide construir un nuevo centro para estos menores, que se una a los dos que ya están abiertos en la ciudad de Madrid. El de Fuenlabrada sumaría otras 100 plazas a las cerca de 400 que ya hay, entre los dos centros en funcionamiento y varios pisos tutelados.

Pero el alcalde de Fuenlabrada se negó desde el principio a ello. Primero, explicó que nadie en la Comunidad se había tomado la molestia de hablar con él para explicarle la situación e informarle de sus intenciones de abrir el centro. Por otro lado, explicó que La Cantueña es un espacio municipal que fue cedido a la Comunidad de Madrid a través de un convenio, pero para fines diferentes de este.

La Comunidad hace unas semanas anunció que iniciaba las obras basándose en el artículo 163 de la Ley de Suelo, que le permite llevar adelante los trabajos por razones de «urgencia» y de «interés general». El alcalde respondió a esto con un decreto de paralización inmediata de las obras, que la Comunidad ha recurrido, pidiendo la medida cautelarísima de la suspensión del decreto del alcalde. Algo a lo que ahora ha accedido la justicia.

El auto señala que las obras han dado comienzo el 24 de mayo de 2024, según refleja un acta levantada por la Policía Municipal el día 27. Explica también que «no se aprecia que la ejecución de las obras esté desprovista de todo título habilitante urbanístico, pues sin prejuzgar en modo alguno el fondo del recurso, la Comunidad ampara las obras en una resolución de dictada en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 163 de la Ley de Suelo.

Continúa el auto señalando que «tampoco se advierte un grave perjuicio del interés general por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio». El Gobierno regional tiene intención de poner en marcha este nuevo recurso en el segundo semestre de este año.