Los jueces de paz de Madrid entran en el siglo XXI de la mano de las Oficinas de Justicia

La imagen que se tiene del juez de paz se acerca a la de las películas americanas, donde suelen aparecer oficiando alguna boda. Pero su papel va mucho más allá: en cierto modo, son la cara de la administración de Justicia en estas poblaciones, el lugar donde acudir en caso de tener un acto de conciliación, solicitar un certificado de defunción o una fe de vida, o con un problema de índole penal leve.

Lo primero que sorprende es que para ser juez de paz no hace falta ser juez de carrera; Fuster por ejemplo se ha dedicado profesionalmente a la informática, aunque también tiene estudios de Derecho. «Es una figura que se elige en el pleno del ayuntamiento, entre alguien conocido y que se presente», explica. La elección debe hacerse por el voto unánime de la corporación municipal.

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El caso de Antonio Fuster es el de un ciudadano que conjuga en activo el verbo ayudar. Como voluntario de Protección Civil, como tutor docente en Formación Profesional, como miembro del ERIVE (el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ) y en muchas otras actividades. Una característica esta, la de ser voluntario, bastante común entre sus colegas de los juzgados de paz. Llegó al puesto porque «me comentaron que estaba vacante la plaza de juez de paz de Daganzo, y me presenté». La aceptación fue inmediata y unánime.

Asegura que «me conoce el 90 por ciento del pueblo» y el fotógrafo tiene ocasión de comprobarlo cuando le acompaña por las calles de la localidad. Desde el lugar donde ha ejercido hasta la fecha sus labores –un despacho del que hacía uso cuando no estaba el funcionario que lo ocupaba– se traslada ahora a una de las Oficinas de Justicia que está abriendo la Comunidad de Madrid. Lo hacen atendiendo a la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, popularmente conocida como 'Ley Bolaños', que moderniza la figura del juzgado de paz.

A lo largo de este año, se van a habilitar un total de 158 de estas oficinas, una por cada localidad que cumpla las condiciones. De ellas, 36 serán oficinas principales, que darán servicio al resto y se las denominará Agrupaciones de Justicia. Hasta el 1 de julio, se han puesto en marcha ya 126 oficinas; el 1 de octubre se sumarán otras 17; y el 31 de diciembre entrarán en funcionamiento las últimas 15.

Estas oficinas van a duplicar las plantillas actuales, porque tendrán no sólo un gestor a su cargo, como dicta la ley, sino que la Consejería de Presidencia y Justicia ha querido ir más allá y las dota de un gestor administrativo y procesal y de un auxilio judicial. «Estos funcionarios, dependientes de la Comunidad de Madrid, realizan las mismas labores que en cualquier otro juzgado de España, básicamente tramitación de documentación», explican.

En ellas, los vecinos podrán realizar pequeños trámites, en el orden civil como en el penal, sin tener que desplazarse. Allí se pueden cumplimentar exhortos, tomar declaraciones testificales por videoconferencia, realizar actos de conciliación, se expiden certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, fes de vida o certificados de penales o de últimas voluntades. Y en el orden penal, pueden hacerse cargo de injurias o vejaciones leves, lesiones también leves o daños a la propiedad o altercados menores en el ámbito vecinal o comunitario.

El principal atributo del juez de paz, asegura Antonio Fuster, debe ser «el sentido común» y actuar «siempre cumpliendo la ley», a la que están sujetos. «Igual que los jueces», dice, pero sin su reconocimiento económico. Su compensación –salvo en localidades con mayor población, donde pueden recibir alguna retribución simbólica– es «poder ayudar a la gente; esto es algo vocacional».

Su mejor definición del trabajo de un juez de paz es que se trata de «un juez de proximidad». Muchas veces les toca conciliar, «por ejemplo, entre una empresa como Telefónica y un vecino por algún recibo impagado». En casos así, «nosotros no mediamos, pero sí facilitamos la conciliación, que la compañía ponga condiciones aceptables, y que el vecino aporte documentación si faltaba…», explica.

En un trabajo así, abundan los casos curiosos; en el caso de Fuster, que además ejerce como voluntario de Protección Civil, las anécdotas se multiplican: «He tenido que atender como juez de paz para dar una fe de vida por la mañana, y por la tarde como voluntario atender a esa misma persona en su domicilio por una caída». O, lo que fue más doloroso, «a una persona muy grave por un accidente en su domicilio, lo traté primero con Protección Civil, pero el Summa no pudo recuperarlo, y como juez de paz tuve que tramitar el permiso de enterramiento».

Sus peores recuerdos le retrotraen a la pandemia, cuando «hubo que llevar en mano a tantas familias las certificaciones, tanto autorizaciones de entierros como de incineraciones».

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha introducido cambios también en las competencias de los jueces de paz: «Antes éramos también responsables del registro civil, de la celebración de matrimonios, etcétera». Pero con el cambio normativo, ya no; de hecho, «estamos a la espera de nuevas competencias», aclara.

Mientras, continúan con su actividad más habitual: las conciliaciones, colaborar con los juzgados en lo penal, civil y mercantil, facilitar las declaraciones, celebrar juicios de delitos leves –lo que ocurría hasta 2015, cuando una modificación penal hizo desaparecer las faltas, que pasaron a ser delitos leves y juzgados en primera instancia–. Y también tienen competencias derivadas de la Ley electoral: reciben los sobres con los resultados y otra documentación tras cada escrutinio, y hacen el transporte de uno de ellos, custodiados por Guardia Civil o Policía, mientras el otro lo conservan ellos por si hubiera alguna denuncia posterior.

La figura del juez de paz nació en 1855, y es «una figura humilde, pero a la vez somos la base de la pirámide de la Justicia», defiende Fuster. A lo largo de 175 años, su trabajo lo han notado sobre todo en su ámbito de actuación. A veces, su labor se ha visto complicada por la falta de medios, o la incomprensión o insensibilidad hacia su cargo de algunos que en un momento ocupan un cargo político. Pequeñas miserias humanas que no empañan una labor esforzada que en el caso de Antonio Fuster le da sin duda más satisfacciones que disgustos: «He tenido conciliaciones que se presentaban conflictivas, pero luego se han resuelto; nunca he tenido que llamar a la Policía». En su opinión, las personas «somos mejores de lo que parecemos; ante el juez, la gente se comporta bien, aunque no tengamos toga». Eso sí, en su despacho siempre ha hecho cumplir con una norma: «El respeto y la educación los llevo a rajatabla; que no se insulten. Esas cosas que ya no se llevan», ironiza.