La gran reorganización judicial inquieta a jueces y funcionarios

La principal novedad de la ley es la creación de los llamados tribunales de instancia, uno por cada partido judicial. Todos los jueces de Primera Instancia e Instrucción pasan ahora a estar integrados en ellos. A nivel jurídico, esto no implica grandes cambios en la labor jurisdiccional de jueces y magistrados: seguirán conociendo los mismos asuntos. Sin embargo, sí modifica profundamente su modo de trabajar, especialmente en lo que respecta al funcionamiento interno y la coordinación con los funcionarios judiciales. Hasta ahora, cada juzgado contaba con su propio equipo de funcionarios, asignados en exclusiva. Con la nueva ley, estos pasarán a formar parte de las denominadas oficinas judiciales, una por cada tribunal de instancia constituido, prestando servicio de forma colectiva a todos los jueces del mismo.

Desde los sindicatos no lo ven con buenos ojos. «A partir de ahora, toda la plantilla atiende simultáneamente a todos los jueces del tribunal de instancia. A lo largo de la mañana pueden estar trabajando para varios jueces distintos. Y eso provoca desorganización y estrés laboral, porque el funcionario tiene que adaptarse a cómo le gusta trabajar a uno u otro», advierte Julio Bouza, portavoz en Galicia del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ), el mayoritario en la comunidad. Cree, además, que esto ponga los mimbres para una futura merma de las plantillas de funcionarios de la administración judicial.

Javier Lapeña —también juez competente en violencia sobre la mujer en el partido judicial de Tui— comparte ciertas reservas sobre esta nueva organización. Considera que el modelo de oficina común puede ser un «inconveniente», ya que se pierde parte del contacto directo entre jueces y funcionarios. «Ahora todo será un poco más difuso», apunta a este diario.

En cualquier caso, queda por ver si esta profunda reorganización del funcionamiento interno de los juzgados unipersonales, más allá de los desajustes iniciales, logra mejorar la eficiencia y acelerar la lenta maquinaria judicial. «Los efectos de esta ley se verán a largo plazo. Por ahora, no podemos afirmar si será beneficiosa o perjudicial», señala Lapeña. Desde los sindicatos coinciden en esta visión: «El tiempo dirá si con esta nueva organización se desatascan los tribunales. A día de hoy, no lo sabemos», insiste Bouza en una conversación con este diario.

La adaptación se está realizando de forma progresiva. La implantación comenzó en los juzgados más pequeños, donde los cambios resultaban más sencillos. Sin embargo, los sindicatos consideran que se quiso «imponer demasiado rápido», y denuncian que en algunos partidos judiciales la organización está siendo «pésima». A partir del 1 de octubre, será el turno de los juzgados medianos, que deberán comenzar a funcionar bajo el nuevo modelo. Es el caso, por ejemplo, de los tres juzgados de Tui, que ya figuran oficialmente como tribunal de instancia. Así lo reflejan ya todas las interlocutorias, aunque los letreros del edificio judicial tudense siguen utilizando la antigua nomenclatura.

El mayor desafío llegará a finales de año, cuando los grandes partidos judiciales deban también adaptarse a la nueva ley. Allí, con un volumen de personal mucho mayor y más funciones por coordinar dentro de las oficinas judiciales, el impacto será más intenso. «Veremos qué pasa», concluyen todos los operadores jurídicos consultados por este diario.