Irene Montero se lava las manos en el caso del opositor trans que hizo la pruebas a policía como mujer

Tras la polémica suscitada, adelantada por ABC, el consistorio consultó a la Comunidad de Madrid, que tampoco sabía cómo actuar en este caso (esta persona no ha iniciado el proceso de transición física y ni siquiera se ha registrado como mujer).

Por ello, el concejal de Seguridad, Víctor Arcos, elevó una consulta a Igualdad, para que dictaminara si había que aplicarle el baremo masculino o femenino en las puntuaciones de las pruebas físicas.

Noticia Relacionada

Polémica por la alta nota de una persona 'trans' en las pruebas físicas para policía local

Carlos Hidalgo

El candidato acudió a Torrelodones con un poder notarial pero sin el registro de su cambio de género. Es el primer caso que se da, al menos, en la Comunidad de Madrid

Montero ya se ha pronunciado, explican desde el Gobierno regional: «Se lava las manos con el tema porque, según asegura, la consulta que ha elevado el Ayuntamiento hace referencia expresa a la legislación autonómica en la materia, a la ley trans madrileña. Y que, por tanto -dice el Ministerio-, el competente para resolver es la administración autonómica».

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, se acaba de manifestar esta mañana al respecto: «El problema generado lo crea la ley del Estado que para la igualdad de las personas trans en todos los ámbitos, porque es el Estado el que tienen competencias para registrar el cambio de género de una persona en el Registro Civil, y no una comunidad autónoma. Así que no puede [el Ministerio de Igualdad] escudarse en una ley autonómica, que, además, va a ser reformada en la próxima legislatura, con los problemas que crea esta ley [estatal], que debe ser cambiada cuanto antes; en tanto en cuanto que está provocando una gran desigualdad entre el hombre y la mujer».

«Por eso -ha concluido López-, a quien corresponde la aclarar esta ley es el que tienen las competencias: es solo el Estado y a través del Gobierno de España».