Tres días de huelga en el metro

El decreto que anunciaba la bajada de sueldo de los empleados de Metro fue aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es consecuencia del que ratificó el Gobierno Central y que afecta a todos los funcionarios. En el caso de las empresas públicas —como es el caso de Metro—, cada Comunidad Autónoma tiene libertad para aplicar o no el decreto. Madrid es de las primeras que ha decidido hacerlo con los trabajadores de este transporte público, vital en la ciudad.

Esa era precisamente una de las quejas más escuchadas en la asamblea de Metro de ayer por la tarde: «Ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Renfe, ni en la EMT... a ninguno de ellos les bajan el sueldo. ¡Y a nosotros sí!». Sobre todo, les indigna que la medida incumpla el convenio colectivo firmado el año pasado, con validez para cuatro años.

«La tumba de Aguirre»

El apoyo a la huelga fue absoluto ayer por la tarde. Ni siquiera el recordatorio de las consecuencias que podía tener incumplir los servicios mínimos les frenaba: «Al primer expediente, sanción o despido, vamos a muerte; no vamos a trabajar con rehenes», señalaba el secretario general del Sindicato de Conductores, Vicente Rodriguez. Tenía claro que «Esperanza Aguirre ha sido elegida presidenta dos veces gracias al Metro; y a lo mejor ahora es su tumba política».

«No queremos hacer daño al pueblo de Madrid —apuntaba el presidente del comité de empresa de Metro, Mario Sánchez de la Mata—, pero la Comunidad nos está perjudicando gravemente». Ignacio Arribas, de CC.OO., recordó que la rebaja del sueldo del 5 por ciento supondría «el incumplimiento del convenio colectivo». Los paros están convocados por UGT, CC.OO., Sindicato de Conductores, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y Sindicato de Estaciones.

Los sindicalistas apuntaron algunas cifras durante la asamblea que encendieron aún más los ánimos: «El ahorro del Gobierno Central por bajar el sueldo a los funcionarios es de 15.000 millones de euros; los inspectores de Hacienda han dicho que rebajando el fraude fiscal en diez puntos, se recaudarían 38.500 millones».

Por su parte, el consejero delegado de la empresa, Ignacio González Velayos, se reunió ayer con los representantes de los trabajadores y les pidió «responsabilidad», a la vez que les recordaba que el convenio firmado seguiría vigente, excepto en lo relativo a los salarios. Los descuentos para los directivos serán de entre el 8 y el 15 por ciento, recuerda.

La misma llamada a la racionalidad la hizo el vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, que llamó «irresponsables e insolidarios» a los trabajadores de Metro, por no querer bajarse el sueldo cuando tienen su puesto de trabajo garantizado. «España —recordó— está en un momento de enorme crisis».

Desde el Gobierno de la ciudad, el vicealcalde Manuel Cobo reconoció que el paro «es un derecho que tienen los trabajadores», aunque también existe «el derecho de los ciudadanos a los servicios mínimos». Sí apuntó que «evidentemente, se debía haber regulado con un poco más de sentido común: en la Administración General del Estado, hay recorte para los conserjes, pero no para los trabajadores de Renfe».