Ayuso ofrece pluses a los médicos, que cumplen 11 días de huelga extenuante

Las medidas que se quieren aplicar en la Sanidad Pública van a suponer «la transformación del sistema de salud», aseguró la presidenta regional. Ella en persona explicó, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, las principales novedades –algunas ya apuntadas la semana pasada–: por un lado, más estabilidad, puesto que se convertirá en interinos a todos los eventuales que acaben su contrato el 31 de diciembre. Esto afectará, según sus datos, a más de 2.000 profesionales, 213 de ellos de Atención Primaria.

En total, adquirirán la condición de personal fijo más de 10.000 profesionales en 2022 y otros 22.390 entre 2023 y 2024: para entonces, «un 86 por ciento de los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud será fijo», señalan, refiriéndose a los interinos. Además, suman otras 1.000 plazas fijas de médicos de familia (609) y pediatras (355) que se formalizarán en diciembre. Según recuerda el sindicato Amyts, corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2019, y aún no se habían cubierto.

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Además, la presidenta anunció un nuevo sistema de agendas que permitirá ofrecer más tiempo por paciente, y compensar el exceso de demanda asistencial de los centros de salud.

Según los datos aportados por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la media de pacientes atendidos en octubre en Atención Primaria fue de 28 por médico de familia y día, 20 por enfermera y 20 por pediatra. La intención de las autoridades regionales es que aquellos médicos de familia y pediatra que atiendan más citas «de los programados en su agenda y quieran voluntariamente ver a más», cobrarán un incentivo por ello. Como también harán los que ocupen plazas de difícil cobertura en turno de tarde que hayan estado vacías en los últimos tres meses.

Asegura el consejero que ahora los facultativos de Primaria ya están cobrando unos incentivos de algo más de 3.000 euros al año por ese exceso de población atendida o por ejercer en zonas rurales. Y los incentivos prometidos ayer se sumarían a estos.

Por otra parte, para fidelizar a los que terminan el MIR y que se queden en Madrid como médicos de familia o pediatras de Atención Primaria, se les ofrecerá un contrato de tres años. «No servirá de mucho si éste sigue siendo para cubrir vacantes en un área, cambiando de centro cada día», señalaban en Amyts.

Otras fórmulas que se van a aplicar tienen que ver con la tecnología: se va a activar la nueva Tarjeta Sanitaria Virtual Delegada, para gestionar trámites a familiares de menores de 16 años o dependientes. Y se continuará el plan de choque para la construcción de 30 nuevos centros de salud y la remodelación de otros 255.

Mientras, los médicos continúan una huelga que entra este jueves en el día 11, y comienza a notarse el cansancio: cada día sin trabajar, recuerdan, se les descuentan 200 euros, algo difícil de soportar para quien vive de una nómina. El martes ya solicitaron por escrito a la Consejería de Sanidad una nueva reunión negociadora, pero las autoridades se hacen de rogar: al cierre de esta edición, no se había fijado nueva fecha para entrevistarse, aunque en Sanidad apuntaban que sería «pronto».

La huelga, que en sus primeros días tuvo un seguimiento superior al 31 por ciento según la consejería, rondaba ayer el 23,5 en el turno de mañana y el 13,3 por ciento en el de tarde. Amyts, no obstante, continuaba con sus protestas: ayer fue una manifestación hasta la Puerta del Sol, y hoy se concentrarán en la Asamblea madrileña, coincidiendo con el pleno.

Los partidos de la oposición valoraron la oferta de Díaz Ayuso: para Juan Lobato, portavoz del PSOE, las soluciones se quedaban cortas ante «un problema estructural de fondo, de falta de inversión». Y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, señalaba que además de estabilizar el empleo –«¿por qué no lo ha hecho antes?»– hacía falta «mejorar las condiciones de trabajo», y le recomendaba a Ayuso que lo hiciera «aunque fuera empujada por los profesionales».

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial recordaban que hasta la Inspección de Trabajo emplazaba el 24 de noviembre a la Consejería a limitar la carga de trabajo en este nivel asistencial.