Las sombras que tendrán que aclararse en la comisión de investigación sobre Bicimad

Ahora Madrid, por su parte, decidió abstenerse. Y la delegada de Medido Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, volvió a desviar el foco del debate para criticar el «infumable» contrato de adjudicación que firmó el gobierno municipal de Ana Botella (PP) en 2013, sin llegar a responder a las preguntas que le plantearon los grupos de la oposición para aclarar los puntos todavía oscuros en esa operación.

Las principales claves del caso que tendrán que esclarecerse son el pacto oculto, los informes sin avales que un mes después aparecen falseados y la auditoría posteriormente contratada tras la publicación de la información destapada por ABC.

Sabanés negocia en privado en mayo de 2016, a través de la EMT, el contrato de cesión de Bicimad con Bonopark. Acuerdan el pago de 10,5 millones de euros por hacerlo de titularidad municipal. ABC solicita en septiembre la auditoría al tener acceso a la memoria económica-financiera que entregó Bonopark para hacerse con la adjudicación. En ella, decían que el servicio, amortizado, tenía un valor de 3,5 millones de euros, 7 menos que los que pagó el Ayuntamiento. El equipo de Manuela Carmena se niega a dar la información al periódico por «confidencialidad».

Sin avales. Cuando este diario solicita en septiembre pasado el expediente por la vía de la transparencia, un mes y medio más tarde, en noviembre, entregan cinco folios sin membrete, firmas, fechas ni sellos que avalen la cantidad pactada.

Un mes más tarde aparecen esos cinco folios presuntamente falseados , con la inclusión de membrete y la firma de un cargo que no existía en la fecha incluida, 8 de septiembre de 2016, días antes de producirse el traspaso. El puesto, el de director financiero, se crea seis meses más tarde en el consejo de administración de la EMT. Sin embargo, David Pérez Moncada no duda en plasmar su rúbrica.

Tras la noticia destapada, Sabanés encarga una auditoría en diciembre que valide los documentos amañados con un contrato a dedo a Gabinete Técnico, relacionada con el desvío de fondos en el caso Palau. En un mail, que el PP ha presentado en su querella criminal , se indica que se valide el expediente citado.

El Grupo Municipal Popular registró el 22 de enero llevó a los juzgados de plaza de Castilla Bicimad con su querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos durante la gestión de la compra de Bicimad.