El reglamento del taxi permitirá retirar licencias y castigará su alquiler

El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso ABC, modificará el actual de 2005 por los cambios producidos desde entonces en la ley y en la realidad del transporte en Madrid. La «conveniencia de introducir una cierta modernización en el sector del taxi y una racionalización y flexibilización en los servicios que presta» ha llevado a los responsables regionales a elaborarlo.

El texto recoge diferentes peticiones del sector. Como la posibilidad de que los ayuntamientos, para adaptar la oferta a la demanda, establezcan planes de amortización de licencias de taxi. Esto supone que tendrán facultad para retirarlas. La decisión sobre este tema y sobre la manera de materializarlo tendrá que fijarla cada municipio en su ordenanza del taxi.

No es la única: también el sector propuso, y el reglamento lo refleja, que se prohiba arrendar o ceder la gestión de la explotación de la licencia, como ahora hacen algunos a favor de empresas, que a cambio les pagan una comisión al mes. Hacerlo será motivo de extinción de la licencia. Esta medida se toma para luchar contra el intrusismo, explican en su exposición de motivos.

Se mantiene en el texto la limitación a tres licencias el máximo que puede ostentar un mismo titular . Una sola excepción queda recogida: pueden ser más en el caso de los herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de éste.

Hasta ahora, un taxista no podía tener antecedentes penales. Este requisito se elimina en el nuevo reglamento, dado que el Defensor del Pueblo lo recomendó por considerarlo «una doble sanción».

Otra novedad es la relativa a la duración del permiso de conductor de taxi: ahora mismo, si en la «revista anual» del Ayuntamiento se observaba que no se había ejercido la actividad durante 5 años , este permiso se perdía. El reglamento permite que se elimine este punto en las ordenanzas municipales.

Por lo que se refiere a la actividad del taxi, se incluyen novedades respecto al número de plazas de los vehículos, que podrán ser hasta nueve; y también se recoge la posibilidad de que los ayuntamientos puedan introducir en sus ordenanzas la prestación del servicio con precontratación de forma compartida: por plaza y con pago individual. Este punto requerirá un informe previo de las asociaciones del sector, los consumidores y el Gobierno regional.

En el caso de servicios precontratados, se podrá fijar un precio cerrado, que no podrá superar el estimado para el recorrido contratado, conforme a las tarifas vigentes. El reglamento incluye que los taxis tengan que llevar una impresora para hacer tickets, y que cuenten con un terminal para pagar con tarjeta de crédito. Respecto a los horarios de trabajo, deja libertad a cada ayuntamiento para que establezca, o no, un máximo diario de horas.

Los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas al nuevo reglamento.

Los titulares de licencias de taxi tenían que ser, con la normativa actual, personas físicas. El nuevo reglamento permitirá que sean también personas jurídicas. La modificación se introduce a instancias de una sentencia judicial sobre el asunto.

El límite de licencias de un mismo titular es de tres, pero con el nuevo reglamento pueden ser más, en caso de los herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de aquel.

Ahora, el Ayuntamiento exige un examen de conocimientos de Madrid para poder acceder al permiso municipal. Si de la «revista anual» se deriva que no se ha ejercido la actividad en 5 años, se pierde y hay que volver a examinarse. Esto se eliminará.

El texto del reglamento recoge la posibilidad de contratación previa para taxis compartidos, por plaza y con pago individual , y también especifica que cuando los servicios sean previamente contratados, las tarifas tendrán el carácter de máximas.

El reglamento recoge la posibilidad de que las ordenanzas de los ayuntamientos introduzcan una tarifa fija en servicios que tengan origen o destino en áreas de cero emisiones , como puede ser Madrid Central en el caso de la capital.