La obra del Mercado de Legazpi tampoco tuvo en cuenta el paso del metro

La suspensión de las obras por el «riesgo de colapso» ha generado un cruce de reproches entre García Romero y su predecesor en el cargo, José Manuel Calvo (Más Madrid), por la gestión y ejecución del proyecto. Para Calvo, según ha expuesto ante los periodistas, la paralización esconde la pretensión de «recortar en inversión»: «Están buscando excusas para ahorrarse esa obra» .

Así, el exdelegado del área ha asegurado que el sobrecoste de 13,9 millones de euros ya estaba previsto en la nueva licitación, que también recogió la necesidad de actuar sobre la cimentación. «Se resolvió a nivel de estudio geotécnico; después abres y encuentras la situación real. Es algo bastante habitual en un edificio de 60 años», ha señalado Calvo sobre el aumento del precio total. Respecto a la obligación por ley de suspender el proyecto porque el sobrecoste excede el 10 por ciento , el edil de Más Madrid ha defendido que cualquier cambio en el proyecto está «perfectamente contemplado» en la nueva ley de contratos y que pudo abordarse con una modificación o una licitación complementaria.

Preguntada por la previsión o no de esos 14 millones de euros, García Romero ha calificado las palabras de Calvo como una «barbaridad jurídica» : «Es increíble que diga que se tienen en cuenta los sobrecostes, un proyecto siempre tiene que estar adaptado al presupuesto». El mantenimiento, ha dicho, tampoco cumplía con los mínimos establecidos.

Como ha informado este diario, los trabajos de consolidación del terreno y subsanación de patologías en la estructura fueron excluidos del proyecto adjudicado por 51 millones en diciembre del año pasado. Además de esos problemas, la concesionaria Acciona señala también otros incumplimientos sobre las condiciones de ventilación y climatización previstos en la norma vigente. Resolver todas las deficiencias detectadas supondrá un sobrecoste señalado.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de esta situación el pasado 8 de octubre y, desde entonces, negocia con la constructora la rescisión del contrato . Es obligatorio suspenderlo porque la cantidad presupuestada como coste añadido excede el 10 por ciento que admite la Ley de Contratos de las Administraciones públicas como límite.