La Fiscalía archiva la denuncia de UGT tras el peor incendio forestal de Madrid

Los pasados 28 y 29 de junio, las llamas se propagaron por Almorox, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, y arrasaron 3.300 hectáreas (2.500 en la región madrileña). La primera noche, a las 22 horas en Navalcarnero, los trabajadores encargados de la extinción del fuego recibieron la orden de replegarse hacia una zona segura, dada la magnitud del incendio. No obstante, una hora más tarde, dos técnicos forestales consideraron que era necesario evitar que las llamas cruzaran la carretera y ordenaron actuar: cortar la vegetación y realizar tendidos de manguera sobre el asfalto.

Fue entonces, según la denuncia de UGT (interpuesta el 26 de julio), cuando se produjo «un cambio brusco de viento y, con ello, un cambio en la dirección del fuego». Las llamas obligaron a todos a evacuar la zona hacia la localidad de Cenicientos, si bien algunos de los miembros de los Retenes Forestales y de la Brigada, que estaban a 150 metros de los vehículos, «quedaron atrapados» . Los desafortunados se agruparon en una viña cercana, para después huir por carretera en un coche abandonado.

Este plan de actuación fue denunciado por UGT que, ante las negligencias cometidas este verano en el incendio de Cadalso, insistió en que los responsables de extinción pudieron incurrir en un delito contra la salud de sus trabajadores. No obstante, el escrito de la Fiscalía mostoleña donde se decreta de archivo la denuncia exime de culpa a los máximos responsables . «Lo cierto es que ninguno de ellos, en el momento concreto de los hechos denunciados, se encontraba en el lugar, ni dieron ni contravinieron orden alguna», esgrime.

El único responsable frente a las llamas fue el Técnico Forestal de Zona UFA 8. Pero la decisión de sacar la motosierra —para cortar la vegetación— y realizar los tendidos de manguera no fue suya, sino del Reten Forestal nº, explica el escrito. «Y ello pese a las reticencias del UFA 8 que, sin embargo, no ordenó paralizar los trabajos», añade.

Así, la Fiscalía arguye que «realmente» ninguna de las personas denunciadas por el sindicato emitió ninguna orden que pusiera en grave riesgo a los retenes forestales. Además, insiste en que estos profesionales son «conscientes de los riesgos» a los que se enfrentan. Y, sobre todo, que en muchas ocasiones deben «adoptar decisiones ante situaciones imprevistas, siendo la profesionalidad y buen hacer las que guíen su actuación», zanja el escrito de archivo de diligencias.