Elecciones en Madrid: dos modelos educativos enfrentados por la libre elección, el ‘pin’ y los conciertos

En el bloque conservador, mientras en el PP ponen el acento en blindar la escuela concertada, Ciudadanos apuesta por mantener logros conseguidos a iniciativa suya, como la gratuidad de los libros de texto , y Vox insiste en la necesidad de un consentimiento expreso de los padres para que sus hijos reciban determinados contenidos formativos.

En lo que toca a los partidos de izquierda, el contraste se da entre el más conciliador Ángel Gabilondo (PSOE), que niega que vaya a acabar con la enseñanza concertada, mientras apuesta por defender con toda la fuerza a la escuela pública; y un candidato Pablo Iglesias (Unidas Podemos) decidido a «poner fin a los conciertos educativos con centros que segregan por sexo» y que pide «reajustar el proceso de escolarización» iniciado en abril. Más Madrid llama a todos los candidatos, excepto a Vox, a una alianza que garantice que no habrá vetos educativos «gane quien gane y gobierne quien gobierne».

Ángel Gabilondo , el candidato del PSOE para presidir la Comunidad de Madrid, ocupa buena parte de su jornada en intentar desligarse de las posturas que otros defienden desde posiciones de la izquierda;o en su partido, o en otros. Su apuesta por una campaña centrada choca con la aplastante realidad: para gobernar, según dicen las encuestas, necesitará del apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos, ambas formaciones que quieren por poner el acento en la escuela pública y recortar la concertada. En este sentido, Gabilondo ha explicado en varias ocasiones que su partido «no quiere eliminar la educación concertada, sino defender a capa y espada la educación pública». Algo que choca con algunos elementos de la Ley nacional de educación, más conocida como ‘Ley Celaá’, que su partido ha aprobado en el Gobierno de la nación; o al menos así lo ven desde las asociaciones vinculadas a estos centros.

El candidato socialista reivindica que es el momento de reforzar la sanidad pública y la educación en los presupuestos regionales. Entre los puntos más importantes para Gabilondo, según ha manifestado en varias ocasiones, está la educación infantil, una etapa «decisiva» y «clave en la igualdad de oportunidades y la detección de las necesidades especiales». También apuesta el PSOE por la Formación Profesional y por llevar el diálogo a la situación de la universidades.

La prioridad para el PP es «la igualdad de oportunidades», reza el programa electoral popular. Eso, y el «respeto a la autoridad del profesor», que también se menciona, son las claves de su proyecto, que garantiza «la libertad de elección de centro», tanto público como privado o concertado, para lo que extenderán progresivamente el Cheque de Educación Infantil (de 0 a 3 años) «a todas las familias». También iniciarán el «concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados y que el alumno no esté obligado a cambiar de centro al terminar la ESO».

Los populares insistirán en aplicar en los colegios de la región el artículo 27.3 de la Constitución Española, «según el cual los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones», con el fin de «evitar cualquier tipo de adoctrinamiento en los centros educativos».

Es su alternativa al ‘pin parental’ que propugna Vox. Contemplan además la construcción de 30 centros educativos públicos y la ampliación de otros 120. Y apuestan por el mantenimiento de los colegios de Educación Especial. El PP ampliarán al 15% la actual deducción por enseñanza de idiomas en el IRPF. Y quiere seguir adelante con la Ley Maestra que «blinda» la concertada.

Para la formación naranja, hay apuestas concretas sobre la mesa en el ámbito educativo. El candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal , ha propuesto crear el carné Campus región de Madrid, por el que los estudiantes de las universidades públicas madrileñas podrán utilizar las instalaciones deportivas de todas ellas independientemente de en cuál estén matriculados. Además, mantienen la apuesta por «la libertad educativa, una libertad que debe ser garantizada en el proceso de selección de centro educativo por parte de las familias madrileñas». Mantienen también su promesa –que se aprobó mientras gobernaban con el PP, y estaba previsto aplicar a partir del próximo curso– de una tercera hora de Educación Física en colegios y centros escolares.

Otra de sus banderas en materia educativa es garantizar la gratuidad de libros de texto «para aliviar la carga económica que supone el inicio de curso en los hogares de nuestra región». Esta gratuidad se aprobó por ley impulsada por Cs. Ahora, la formación naranja sigue defendiendo la medida.

Edmundo Bal anunciaba además ayer que Cs devolverá a los estudiantes madrileños de educación superior el importe de la primera matrícula del curso 2020-2021. Una medida que beneficiará a 200.000 estudiantes universitarios de las universidades públicas madrileñas, así como a los 31.000 de FP de grado superior. Cada alumno recibirá, si gobiernan, un cheque por el importe de los créditos matriculados en primera matrícula.

Si algo define la política educativa de Vox es el conocido como ‘pin parental’. Es en este concepto en el que el partido de Rocío Monasterio basa su estrategia, que consiste en «no permitir el adoctrinamiento en los colegios a través de activistas políticos». «Que nuestros hijos no salgan de clase sabiendo más de identidad de género que de historia o matemáticas», defiende.

El ‘pin’ fue ya el caballo de batalla de Vox durante su estreno en las instituciones madrileñas, tras las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2019. De hecho, fue una de las condiciones que impuso para su acuerdo de Gobierno, aunque finalmente la presidenta Díaz Ayuso logró que apoyaran su investidura sin que se introdujera esta cláusula como tal. Sí lograron en Vox que el PP incrementara los controles que tienen los padres sobre el contenido de los cursos que se imparten en cada centro educativo, de los que deben informar a los padres en el momento en que van a realizar la matrícula de sus hijos.

El ‘pin’ que defiende Vox, y que ahora ha resucitado en la campaña madrileña, supone la obligación de los directores de los colegios de informar a los padres sobre los contenidos de las charlas o talleres que se impartan a los alumnos, así como de quiénes las realizan, y establece la necesidad de obtener el consentimiento expreso de los progenitores para ello.

Un incremento de los presupuestos para la escuela pública y mejores ratios de profesores y alumnos son reivindicaciones clásicas de Más Madrid. Pero además, su candidata a las elecciones autonómicas del 4M, Mónica García, puso sobre la mesa hace unos días el debate sobre el ‘pin parental’. Envió una carta al resto de candidatos –excepto a Rocío Monasterio, de Vox, que es la precursora de esta iniciativa– para «blindar» la Comunidad de Madrid frente al ‘pin’ «pase lo que pase el 4 de mayo». Es decir, un acuerdo entre partidos que asegurara que, gane quien gane y gobierne quien gobierne, no se pondrá en marcha este procedimiento.

García propuso dicho acuerdo «por los derechos de los niños y las niñas». Se trata de «un veto al veto parental, por escrito y antes de que se abran las urnas», ya que permitir su puesta en marcha supondrá dejar fuera «ciertos contenidos educativos y afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos». Cree que con ello se puede «poner en peligro la salud de los estudiantes, al abrir la veda a que dejen de recibir formación básica sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención de consumo de estupefacientes o hábitos alimenticios saludables».

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha prometido una inversión de 1.000 millones de euros anuales en educación en Madrid. Entre sus objetivos en este sector están «paralizar el cierre de centros públicos anunciado por el actual gobierno de la Comunidad, abrir más aulas con refuerzos Covid y reajustar el proceso de escolarización iniciado en abril».

Creen en Unidas Podemos que el modelo actual de la región «apuesta abiertamente por la transferencia de recursos públicos a la educación privada-concertada» y por la «segregación económica, es decir por destrozar una de las bases de la democracia que es que la educación pública venga a compensar las desigualdades sociales que ya existen».

La inversión educativa extra de 1.000 millones de euros anuales que propone esta formación para la Educación iría destinada al aumento del profesorado y mejoras de sus condiciones laborales, descenso de ratios e infraestructuras. Para Unidas Podemos, es necesario establecer por ley los ratios profesores-estudiantes.

Además, insisten en Unidas Podemos en la necesidad de aplicar inmediatamente la Ley de Educación estatal –conocida como ‘Ley Celaá’– para «poner fin a los conciertos educativos con centros que segregan por sexo» e introducir, tanto en la educación pública como en la educación privada concertada sostenida por fondos públicos, « la educación afectivo-sexual , contra las violencias machistas y la educación en diversidad sexual».