Destituido el policía de la 'patada en la puerta' tras salvar a una mujer maltratada

Sin embargo, saltó a la palestra informativa a raíz de dar la orden de tirar con un ariete la puerta de un piso turístico en la calle de Lagasca (distrito de Salamanca), durante el segundo estado de alarma, el 21 de marzo del año pasado. Se encuentra inmerso en un proceso que podría llevarle al banquillo, aunque su abogado, el SUP y hasta el ministro Fernando Grande-Marlaska defendieron su actuación . Tampoco vio nada irregular la juez de guardia ante la que los detenidos por hacer una fiesta pese al Covid pidieron el 'hábeas corpus'. Ahora, la Fiscalía pide que se le juzgue solo a él por esa 'patada en la puerta'. El subinspector, como en el caso que ahora nos ocupa, insiste en que se trata de una actuación durante la perpetración de un delito flagrante . Acaba de ser destituido, esta vez tras entrar en la vivienda de un supuesto maltratador que presuntamente había pegado a su expareja y la había echado de casa sin darle sus pertenencias básicas.

Pero fuentes policiales consultadas por este periódico indican en que ha sido « retirado de su puesto de trabajo a otro de la misma Brigada por disconformidad reiterada con sus procedimientos habituales de trabajo».

El 1 de enero de 2016, como adelantó entonces este periódico, el entonces futbolista del Real Madrid James Rodríguez. Fue multado con 10.400 euros y la retirada del carné por conducir a 200 kilómetros por hora. Desde el entorno del subinspector sostienen que el que luego fue su superior entonces «era el jefe de seguridad para los partidos del Real Madrid»: «Ahí empezó la inquina».

El segundo encontronazo, siempre según fuentes jurídicas del ahora destituido, fue en 2020: «Se produjo una intervención en la Embajada de Egipto por la desaparición de un ciudadano de ese país, un disidente político, y su familia pensaba que él estaba en el edificio. Finalmente, estaba borracho por la calle. Pero, antes de saberlo, la Embajada se negó a dar datos. Se montó, por orden de la superioridad, una vigilancia en el exterior, de uniforme». El superior con el que está enfrentado era entonces jefe de la Unidad de Seguridad y Protección, dedicada a, por ejemplo, la vigilancia de las legaciones.

Afirman en su entorno que este ordenó al subinspector que se fueran de allí, a lo que este contestó que tenía una orden de su superior y de la sala del 091, por lo que se negó. «Ya intentó entonces que lo sancionaran, pero sus jefes y el juez de guardia refrendaron esa actuación», añaden.

Estas fuentes jurídicas señalan que, un año después, ya en 2021, el inspector jefe pasó al mando del GAC; es decir, del ahora cesado. Hasta que el pasado 27 de enero, le comisionaron en San Blas por un caso de violencia de género. «Había una mujer llorando en la calle, gritando, pidiendo socorro, y un taxista avisó al 091. Era la expareja del sospechoso, iban a mantener relaciones consentidas, pero él se enfadó y la golpeó. Cuando intentó coger el teléfono, le pegó y la echó del piso de él. Se quedó con todo el dinero de la mujer, las llaves, el abrigo, el pasaporte... Entonces, decidió dar la orden de subir a la vivienda y entra r, al tratarse de un delito flagrante y con violencia. Pero al penetrar allí, el tipo se había fugado por un patio trasero», detallan.

El individuo tenía dos denuncias previas por malos tratos a otras parejas distintas. La actual nunca le había denunciado «porque está en modo irregular en España y trabaja para él, además de tener miedo a que la deportaran».

Considera el entorno del subinspector que era necesario recuperar los enseres de la víctima, más teniendo en cuenta de que entre ellas tenía su documentación y las llaves de su casa, «pudiendo acudir a ella y volver a atacarla». Montaron una vigilancia de paisano en las inmediaciones y poco minutos después fue arrestado el encartado.

«El problema es que el inspector jefe, después de lo sucedido en Lagasca, dio orden de que jamás se entrara en los domicilios, aunque existiera un delito flagrante. Como por Régimen Disciplinario no le pueden llevar, el 6 de febrero, el domingo pasado, le citó en su despacho para decirle que tenía que irse del GAC porque 'la intervención en San Blas no había gustado ni a él, ni al jefe de la Brigada ni al jefe superior de Madrid».

Su entorno insiste en que si realmente cree que ha actuado negligentemente, «lo que debe hacer su mando es abrirle un expediente disciplinario, para que pueda defenderse y acudir con su abogado». Asegura que ya cuenta con escritos de 60 compañeros de su Unidad dándole su apoyo «por esta decisión arbitraria e injusta».

Le han dado 15 días para ir preparando su nuevo destino, que será precisamente la Unidad de Seguridad y Protección, la que dirigía su inspector jefe antaño. «Es un castigo», resumen fuentes jurídicas, que anuncian una «demanda por acoso laboral por el que hasta ahora ha sido su último mando».